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El Ayuntamiento se queda sin seguro de responsabilidad civil por el incendio de Uría

El Ayuntamiento se queda sin seguro de responsabilidad civil por el incendio de Uría

Zurich renuncia a prorrogar la póliza porque teme enfrentarse a indemnizaciones millonarias

GONZALO DÍAZ-RUBÍN ROSALÍA AGUDÍN

Domingo, 4 de junio 2017, 01:50

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¿Quién hace la supervisión y el mantenimiento de las bocas de incendio de la ciudad? La pregunta sigue sin respuesta trece meses después del incendio que costó la vida al bombero Eloy Palacio y destruyó dos edificios en la calle Uría y Melquíades Álvarez. Tal vez porque la respuesta es nadie. Este diario solicitó pocos días después del siniestro el registro de las revisiones periódicas que deben pasar todos los hidrantes así como las mediciones de presión y caudal de los últimos años. La respuesta nunca llegó, vulnerando la Ley de Transparencia, pero lo que sí ha conseguido este diario son los correos internos en los que tanto el servicio de Aguas como el de Bomberos dicen que no es competencia suya y se pasan la pelota el uno al otro. El jefe de Aguas fue el primero en responder a la oficina de Transparencia con un escueto texto en el que señala que esos datos no obran en su departamento y remite a Bomberos. El jefe del SEIS, días antes de jubilarse, contestó que se preguntase a Aguas y canceló la tarea, que quedó sin responder.

A la vez que las revisiones de todos los hidrantes, este diario solicitó los mismos datos de las de uno en concreto, situado en Vallobín. Curiosamente, el Ayuntamiento sí respondió a esta pregunta, aunque la respuesta evidencia que tampoco existe ningún registro ni control y parece que ni siquiera los Bomberos sabían de la existencia de esta boca de incendios. «Ayer (11 de julio de 2016) se revisaron las inmediaciones del portal número 4 de la calle Avilés y efectivamente, según se sale de este portal a mano derecha existe una tapa de arqueta en la acera señalada con la palabra 'bomberos', que es una salida de hidrante (diámetro 70 mm) y está en buen estado», es todo lo que acierta a informar Bomberos. Ni medidas de presión ni revisiones anteriores de un hidrante que parece ni constar en las bases de datos.

Tras el incendio de Uría, la concejal de Infraestructuras, Ana Rivas, achacó a la «descoordinación entre servicios» los problemas de la red de bocas de riego y de incendios, pero negó que no se hiciese el mantenimiento y aseguró, tajantemente, que los hidrantes «no aparecen en el contrato de concesión» de Aguas, «nada se dice del mantenimiento ni de quién es la responsabilidad». Justo lo contrario de lo que dice el artículo 7 del pliego de la concesión con Aqualia, que hace recaer en la empresa «la vigilancia y conservación» y la «verificación periódica de su correcto funcionamiento» de toda la red de distribución y, de forma expresa, también de las «bocas de riego e incendios», en un asunto que investiga la Fiscalía.

Aseguradora a la fuga

La situación de los hidrantes y el incendio de Uría son las causas de que la aseguradora Zurich haya comunicado al Ayuntamiento la semana pasada que no prorrogará la póliza de responsabilidad civil municipal. La compañía se impuso en 2015 a sus principales competidoras y ganó el concurso para asegurar la responsabilidad civil del Ayuntamiento y una póliza de daños. Tenía derecho a otras dos prórrogas, pero, según confirmaron fuentes municipales, ha presentado un escrito denunciando el acuerdo este mes. Lo hace «porque hay millones de euros en juego», explicó un concejal del equipo de gobierno. Los que se juegan en las decenas reclamaciones por el incendio de Uría.

Fuentes del sector señalan que en la decisición de la aseguradora ha sido determinante la confirmación en el informe de la Policía Científica del mal estado de la red de hidrantes y su falta de revisiones y mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

La empresa deberá mantener las coberturas un máximo de tres meses para dar tiempo al Consistorio a contratar una nueva póliza. Los pliegos ya están ultimados y el seguro saldrá a licitación por 430.000 euros al año y plazo de dos, prorrogables. El importe es un 33% más alto que en el contrato al que ha renunciado Zurich, pero queda por ver si convencerá a alguna aseguradora con las reclamaciones sobre la mesa.

Descoordinación

Según la concejala de Infraestructuras ni Aguas ni Bomberos compartían sus datos sobre las bocas de incendio, aunque ahora sabemos que no existen. Rivas admitió hace un año que «hasta 2011 parece claro que el Ayuntamiento no vigilaba» la situación de la red de tomas de agua. En junio de 2016, el jefe de Bomberos ordenó revisar todos los hidrantes y volvió a hacerlo en diciembre, pero de ni una ni otra constan mediciones de presión de la columna de agua ni del caudal que ofrecen cada uno.

La normativa obliga a que los hidrantes o bocas de incendios estén señalizados y sean fácilmente accesibles. Deben garantizar un caudal mínimo de mil litros de agua por segundo, con una presión de, al menos, diez metros de columna de agua y es obligatorio revisar su estado cada tres meses y realizar pruebas del máximo de presión y caudal cada dos años.

Un año largo después del incendio tampoco se está haciendo. Aguas intentó tramitar un contrato nuevo de «revisión y sustitución» de hidrantes, pero Economía lo ha paralizado hasta que la Fiscalía se pronuncie sobre si esa tarea es parte de las obligaciones de Aqualia. Solo faltaba otro incendio y que nos pillase sin seguro.

Cuando el bombero Eloy Palacio falleció en el incendio de Uría, el equipo de gobierno se dio cuenta de que la póliza por muerte de un funcionario durante un acto de servicio era escasa. No cubría el sepelio y el seguro indemnizaría a la familia con 18.000 euros. Por esta razón, la Concejalía de Interior se puso manos a la obra para mejorarla y ha negociado con los sindicatos un incremento de la indemnización. También, que se cubran los gastos del entierro.

«Pagaremos hasta 3.000 euros por el sepelio y la garantía por muerte durante un acto de servicio se incrementará hasta los 40.000 euros», explica el edil del ramo, Iván Álvarez. Comenta, igualmente, que esta medida ya ha sido aprobada en junta de gobierno, con el voto a favor de todos los concejales, y entrará en vigor cuando se licite la próxima póliza de seguro de accidentes laborales.

Lucha en los tribunales

Mientras el Ayuntamiento negociaba esta modificación, la familia de Eloy Palacio sigue luchando en los tribunales por la reapertura del caso. Esta misma semana, el fiscal delegado de siniestralidad laboral, Enrique Valdés-Solís, volvió a emitir un escrito donde se oponía. Dice que el informe aportado por la Policía Científica hace dos meses, y donde se indica que el día del incendio faltó agua, entre otras cuestiones, no aporta datos nuevos. También incide en que las pruebas aportadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se basan «en actuaciones periciales, sino de carácter personal».

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