El secuestrador del taxista se niega a hablar incluso con su letrado

El joven de origen rumano encarcelado por el secuestro de un taxista a punta de pistola en Oviedo, al que obligó a trasladrarlo hasta el aeropuerto encañonándolo con el arma para liberarlo horas después en Avilés, se niega a declarar. Así lo aseguró su abogado defensor, Miguel Fernández Arango. El secuestrador de 26 años, que responde a las iniciales de H. B. H., se encuentra en prisión provisional y sin fianza desde el pasado 22 de abril. Se le acusa de un delito de detención ilegal y otro de robo con intimidación. «Se acoge a su derecho a no declarar», afirmó su defensa tras varias visitas a su cliente el centro penitenciario de Asturias sin que este aceptase deponer.

El secuestrador ingresó en prisión tras ser detenido en el barrio gijonés de Laviada el 20 de abril. Los agentes policiales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta dieron con el agresor del taxista tras veintiséis días de intensa investigación después de la denuncia interpuesta por su víctima en la comisaría de Avilés el mismo día de los hechos.

Segundo y tercer secuestro

El agresor del taxista continuó con su carrera delictiva tres días después de secuestrar al conductor ovetense. Actuó con el mismo 'modus operandi' en Galicia. Allí perpetró dos secuestros similares, uno en Santiago de Compostela y otro en Lugo. A raíz de estos delitos, cometidos en tierras gallegas, la Policía Nacional logró estrechar el círculo sobre el agresor. Cuando este regresó a Asturias se puso en marcha un dispositivo que desencadenó en la detención del individuo en el barrio de Laviada.

El detenido llegó a pernoctar durante una semana en el albergue Covadonga. En el registro que siguió a su detención se le intervino una pistola de balines y una 'tasser', un dispositivo de emisión de descargas eléctricas de alto voltaje que incapacitan a su objetivo.

El secuestrador también está pendiente de una orden de expulsión del país en cuanto cumpla la pena de prisión que determinará el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés, órgano encargado de la investigación de estas tres detenciones ilegales. Las autoridades españolas pueden hacer efectiva esa orden a pesar de que H. B. H, de 26 años, sea originario de Rumanía, país perteneciente a la Unión Europea.

Pueden porque en el caso de que un ciudadano comunitario encadene una serie de antecedentes penales, como este, puede ser expulsado del país en los que cometió los delitos. José Ramón Alonso Priede, abogado que lleva al acusado el tema relacionado con la orden de expulsión presentó alegaciones y está pendiente de conocer el resultado de la resolución.