Absuelven a los dos médicos acusados por la muerte de un hombre con gripe A

Los acusados en el juicio. / PABLO LORENZANA
Los acusados en el juicio. / PABLO LORENZANA

La jueza considera que actuaron conforme a sus obligaciones profesionales y no se les puede culpar de homicidio imprudente

D. L. / J. C. A. OVIEDO.

Un juicio tenso y crispado en el que dos médicos se sentaron en el banquillo, acusados de homicidio imprudente por la muerte de un ovetense de 36 años, J. A. A., a consecuencia de la gripe A. El fiscal pedía cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación profesional y 100.000 euros de indemnización para los facultativos. La titular del juzgado de lo Penal número 2 dictó ayer una sentencia en la que absuelve a los dos acusados, J. A. F. F. y E. N. B., de todos los cargos.

Según los hechos que recoge la sentencia, el 12 de enero de 2014 J. A. A. acudió al ambulatorio de La Ería aquejado de catarro y dolor de cabeza, para los cuales la médica que lo atendió le recetó paracetamol e ibuprofeno tras diagnosticarle una gripe leve.

Tres días después, no mejoraba y la madre de la víctima volvió a llamar al consultorio. Fue entonces cuando la atendió J. A. F. F., quien «le indicó que era el curso normal de una gripe» y que acudieran de nuevo al médico si empeoraba.

Así fue. Esa misma tarde, a las 19.43 horas, la madre llamó al 112, que la derivó al ambulatorio de Pumarín. Allí la atendió E. N. B., que se ofreció a acudir al domicilio familiar para extender un volante de radiografía. La mujer rechazó el ofrecimiento y prefirió esperar a que su hija la llevase en coche a ella y a J. A. A. al HUCA, a pesar de que E. N. B. llamó dos horas más tarde para interesarse por el enfermo y se ofreció a llamar un taxi. Por último, al filo de las once de la noche, J. A. A. fue atendido por las Urgencias del HUCA y quedó ingresado por síndrome febril.

Después resultó diagnosticado de gripe A y, con el paso de los días, fue empeorando al padecer también una neumonía. Falleció el 10 de febrero de 2014.

Tras examinar las circunstancias que se requieren para que se den los delitos formulados por la Fiscalía y la acusación popular ejercida por la familia del fallecido (que solicitaba una pena menor pero incluía también la omisión del deber de socorro), la jueza determina que debe proceder «a un pronunciamiento absolutorio» al no concurrir dichas circunstancias, ni tampoco «cualquier otra conducta penalmente reprochable».

A continuación, tras analizar los testimonios de los acusados y de los testigos, entre ellos el de la madre del joven, concluye que cabe «dudar de la realidad de las afirmaciones efectuadas» por la mujer, «probablemente fruto del desasosiego vivido durante la estancia de su hijo en el hospital y el fatal desenlace posterior», que podría haber causado «cierta confusión en el recuerdo».

Por último, y teniendo en cuenta los diversos estudios técnicos, la togada establece que «no ha sido discutida la conclusión alcanzada en el informe de autopsia». De acuerdo con este, J. A. A. murió a consecuencia de una «infección contraída en el hospital». Estima, en definitiva, que los médicos acusados actuaron de forma «conforme a la 'lex artis'», es decir, cumpliendo con sus obligaciones profesionales.

Contra la sentencia, que no es firme, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos