Funcionarios municipales de Oviedo dicen que las órdenes en Urbanismo se dan «de palabra o con post-its»

Alberto Mortera, a la derecha, junto a los dos funcionarios acusados de prevaricación por la adjudicación de la parcela B-16 en el polígono de Olloniego. / ALEX PIÑA

Alberto Mortera se enfrenta a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación

JUAN CARLOS ABAD OVIEDO.

El que fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Alberto Mortera, declaró ayer ante el juzgado de lo Penal 2 que desconocía las condiciones que regulaban la venta y empleo de los solares del polígono de Olloniego en el momento de la compra y reventa de la parcela B-16. De hecho, durante el juicio aseguró que no sabía nada de lo que hacían los funcionarios de su departamento en quienes confió como «buenos profesionales» durante el proceso de devolución del aval a la empresa Bitácora 2002, que motivó una denuncia del PSOE e inició este procedimiento judicial. Previamente, Urvisa había revendido a dicha empresa una parcela adquirida bajo unas condiciones que no cumplió. La Fiscalía le pide siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Misma pena que solicita a otros dos funcionarios municipales que también se sentaron en el banquillo de los acusados.

Durante la vista oral, el propio Mortera afirmó que nunca estuvo en Olloniego o en sus inmediaciones salvo para actos políticos: «Una vez estuve en el polideportivo de Tudela Agüeria y otra en unos estudios de cine, que no sé si funcionan todavía. La tercera, después de todo esto, en la escuela de Hostelería», afirmó. Un logro después de haber sido miembro del consejo de Gesuosa, la empresa municipal que promovió el área industrial; y de la comisión de seguimiento del polígono; además de denunciar que las condiciones favorecían la especulación con estos suelos fabriles subvencionados con fondos mineros mientras era un combativo concejal socialista de la oposición. O posteriormente, a partir de 2007, cuando saltó a las filas del PP para hacerse cargo de Urbanismo, Licencias y Patrimonio de las que, a preguntas del Fiscal, llegó a afirmar que su responsabilidad como concejal de gobierno se limitaba a la de mero comercial: «Encontrar a gente para comercializar las parcelas».

En 2003, el Ayuntamiento adjudicó a la constructora Urvisa un solar, numerado B-16, de 16.000 metros con tres compromisos: no revenderlo en dos años tras la adquisición; desarrollar el proyecto industrial presentado; y cumplir con los planes para reactivar el empleo en la zona.

Las parcelas no se podían revender en dos años y tenían que cumplir un proyecto Urvisa, la empresa adjudicataria, sospecha la Fiscalía, revendió la parcela a Bitácora

Pese a que el proyecto se embarrancó -la licencia de obra se concedió en 2005- nada hacía sospechar que, como acusa el Fiscal, que había funcionarios, aparte del propio Mortera, que maniobraron para favorecer a la empresa. O las empresas. «Las alarmas saltaron», en expresión empleada ayer por el exedil, en una junta de gobierno de 2008 cuando se firmó la devolución del aval depositado por Bitácora 2002, una mercantil diferente que habría recomprado la parcela. Además, el proyecto había cambiado, de dos naves a un puñado más.

En la causa están imputados el responsable de obras mayores del Ayuntamiento, J. R. d. L. C., y la jefa de la sección de Patrimonio, M. R. C. F. , que también declararon ayer. Entre ambos departamentos se realizó el informe de devolución del aval que firmaron los concejales de gobierno y que ha sentado a Alberto Mortera y a los dos funcionarios en el banquillo de los acusados.

Sus declaraciones fueron una 'vivisección' del servicio de Licencias -que tiene 15.000 expedientes por resolver-. El responsable de obras mayores afirmó que las órdenes se reciben «verbalmente o en post-its que te dejan en la mesa» y que él se limitó a cumplimentar las plantillas de licencias de obra, actividad y uso.

Sin embargo, la jefa de Patrimonio pidió conocer el estado de la tramitación de la parcela B-16 y afirmó haber escrito un informe en contra de la devolución del aval a Bitácora 2002 cuando conoció su solicitud. Todo eso en apenas una semana. De su requerimiento a Licencias, el funcionario responsable informó de los trámites el último día de julio y se fue de vacaciones. Unos días después, la junta de gobierno decidió paralizar la devolución del aval, a pesar de que, como explicó el concejal, los ediles «no leen» lo que les dan a firmar y «no entramos en un debate sobre los informes de los funcionarios».

Sonó rara esa tesis de que el Ayuntamiento o Urbanismo, en este caso, funcionan sin dirección política. Atendiendo al abogado de la acusación particular, días más tarde, el Consistorio pidió un informe externo a la firma de abogados Garrigues; y los concejales de gobierno se volvieron a reunir y, esta vez sí, aprobaron la devolución del aval estimando el recurso de la mercantil y contraviniendo el criterio de los profesionales de la casa.

Tras los tres acusados declararon los primeros testigos de una lista interminable. El juicio se prolongará durante cuatro sesiones más y, entre otros, están citados el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo y Agustín Cuevas Mons diputado en la Junta General.

Testificaron los responsables de Urvisa y Bitácora 2002, cuyo personal se entremezcla entre los hijos del fallecido constructor José Luis López González, fundador de Urvisa, que no acertaron a decir si su padre mantenía relación con concejales del Ayuntamiento. El exedil Jaime Reinares -que está citado a también a declarar- acudió al funeral del constructor, según recogen las crónicas de sociedad. Por último declaró una representante de Puertas Miera, empresa relacionada con Urvisa.

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