El alcalde deja caducar la prórroga que pidió del expediente de Villa Magdalena

Wenceslao López. / M. ROJAS
Wenceslao López. / M. ROJAS

El procedimiento será archivado y el equipo de gobierno estudia abrir uno nuevo para exigir responsabilidades por la ruinosa expropiación

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

Ya está. Muerto. El expediente de responsabilidad patrimonial por la ruinosa gestión de la expropiación de Villa Magdalena caducó ayer de forma definitiva sin que el equipo de gobierno intentase ninguna de las opciones que dijo estudiar tras encontrarse con que la instructora proponía su archivo. «No ha salido como esperábamos», reconoció ayer un concejal de gobierno, «pero eso no quiere decir que renunciemos a que paguen por ella (por la expropiación) quienes la liaron».

La lista de los que 'la liaron', según la propuesta del alcalde que aprobó la junta de gobierno en mayo incluía a los que fueron alcalde o concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos entre 1998 y 2008, Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo, y dejaba caer que podía haber otros responsables políticos o funcionariales.

El expediente fue impulsado por el alcalde, Wenceslao López, que, tras las reticencias de varios altos funcionarios, acudió a contratar un informe externo a la Fundación Universidad de Oviedo. Al calor del dictamen de esta, López llevó a la junta de gobierno la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial contra los exediles del PP que aprobaron consignar el justiprecio en 1998, pero nunca lo hicieron, dando pie a la empresa a pedir una nueva valoración en 2007. Tras el último paso por el Supremo, la adquisición del palacete le ha costado al Ayuntamiento casi 63 millones de euros, en lugar de los 11,2 del justiprecio original.

La apertura del expediente generó mucho revuelo. Los expedientes administrativos, como las multas, acaban con una propuesta de resolución. Si la instructora hubiese confirmado los indicios de negligencia que detallaba el informe de la Universidad, los señalados se verían obligados a acudir al Contencioso, mientras aparecían como gente que debía mucho dinero -el informe estimaba los daños causados al Ayuntamiento en 45 millones de euros- a la ciudad.

Nada de esto sucedió. La funcionaria concluyó su trabajo en octubre. Propuso el archivo del procedimiento al entender que lo que se le pedía no era investigar una responsabilidad patrimonial sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable» y que el Tribunal de Cuentas ya había rechazado en dos ocasiones su existencia, la última en 2010.

Intento de reapertura

El alcalde mostró su disconformidad con la resolución y la junta de gobierno aprobó ampliar el plazo para plantear aclaraciones hasta el 4 de enero. Ayer se cumplió el plazo sin que nadie moviera ficha. Más después de que el secretario señalase en un informe que la prórroga del expediente era irregular. ¿Y ahora? Fuentes del equipo de gobierno confirmaron que estudian la apertura de un nuevo procedimiento, aunque el alcalde ha señalado que solo hay dos caminos: «O la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas».

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