El alcalde de Oviedo espera comprensión judicial tras asumir el error sobre el IBI a los grandes valores

Una vista general de Oviedo, que este año se 'enfrenta' a un IBI diferenciado. / PIÑA

El tripartito defiende la legalidad del gravamen, «al margen del error técnico», y la oposición carga contra Rubén Rosón

GONZALO DÍAZ-RUBÍN / JUAN CARLOS ABAD OVIEDO.

A media mañana de ayer, Abogacía Consistorial requirió a la contratista de los servicios informáticos una certificación de cuándo y cuánto tiempo estuvo colgado en la web municipal el anuncio de la modificación de la ordenanza fiscal 400, la del IBI. No es una cuestión menor. Los letrados municipales buscan cualquier arma ya para defender la aplicación para este año de un tipo diferenciado del impuesto, del 1,3% frente al ordinario del 0,65%, para los inmuebles no residenciales de más de un millón de euros de valor catastral. Una de las medidas estrella del equipo de gobierno con la que pretendía recaudar más de tres millones de euros de solo 252 contribuyentes, «multinacionales, grandes fortunas y grandes patrimonios», según acuñó el concejal de Economía, Rubén Rosón, sin tocar el bolsillo del resto de ciudadanos. Una medida que, como adelantó ayer EL COMERCIO, está en riesgo al no haber publicado el Ayuntamiento el anuncio oficial, y por lo tanto los tres millones que se recaudarían.

Lo de Abogacía es un detalle, una pincelada de la estrategia municipal. Pese al «error-horror», como lo definió al enterarse una alta funcionaria de Tributos, el Ayuntamiento seguirá para adelante, tratará de defender el recargo en los tribunales y girará a cobro los recibos, pese al riesgo de tener que hacer devoluciones con intereses. Tal vez no haya otro camino. La ordenanza está aprobada, publicada y también, el padrón del IBI. Y nadie la ha anulado. Todavía. Las primeras sentencias se esperan para octubre o noviembre.

El alcalde, Wenceslao López, durante una vista a Tudela Veguín, asumió que no hubo anuncio de la modificación de la ordenanza en «uno de los diarios de mayor circulación», como manda la Ley del Procedimiento Administrativo Común, pero esperó «cierto razonamiento de los jueces», porque, aunque «publicación oficial» no hubo; «no oficial, ha habido en exceso». «Ha salido el tema del IBI y se ha publicado muchísimo, en medios audiovisuales, escritos y de todo tipo», también «en paginas web, en el boletín municipal, en el BOPA ... Lo único que ha faltado ha sido el anuncio pagado oficial», reconoció de nuevo. Esa es toda la esperanza del equipo de gobierno para salvar el impuesto, que «ese hecho no sea motivo suficiente para anular la ordenanza 400, porque serían mucho mas graves las consecuencias que las causas».

Sorpresa

Fuentes del equipo de gobierno reconocieron ayer la «sorpresa» que se llevaron cuando los servicios jurídicos les comunicaron el riesgo cierto de que una de sus medidas de mayor calado político acabe siendo anulada por un error administrativo menor. Abogacía detectó que todos los recursos presentados contra la modificación de la ordenanza fiscal hacían hincapié en la ausencia del anuncio en prensa de la información pública, por lo que pidió a Secretaría que certificase que todo estaba correcto y recibió, en cambio, una carpeta con recortes de prensa de noticias sobre el nuevo IBI. Ahí saltaron todas las alarmas.

«Nuestra defensa está en manos de Abogacía Consistorial y confiamos plenamente en ellos», señalaron las mismas fuentes. Pese al error, «el IBI diferenciado es perfectamente legal» y «una medida que nos acerca a una fiscalidad más progresiva, en la que pague más quien más tiene», insistieron. También en que, «no se nos olvida que nos estamos enfrentando a grandes patrimonios y multinacionales, con mucho más presupuesto y recursos que el propio Ayuntamiento».

«El 'caos' de Rosón»

La oposición apuntó ayer a la cabeza de Rubén Rosón, concejal de Economía. El popular, Eduardo Rodríguez, calificó de «inquietantes» las consecuencias de la intención del equipo de gobierno de mantener la aplicación del IBI diferenciado «una vez advertido el error». Rodríguez resumió que «ante unos presupuestos que entran en vigor casi en mayo» y un sistema de recaudación improvisado, «se une ahora la posibilidad de que el tripartito no sea capaz de ejecutar sus propias políticas fiscales». Asumir la pérdida de los más de tres millones de euros de ingresos corrientes «podría implicar un plan de ajuste con importantes recortes», pero si se aplica el IBI diferenciado podría tener que asumirse «un elevado coste derivado del reintegro de los recibos». «En materia fiscal y presupuestaria, el efecto tripartito es un caos», subrayó.

El concejal también denunció los efectos perjudiciales para la imagen del municipio de un error de este tamaño: «Resta atractivo y transmite inestabilidad, improvisación y falta de rigor».

Ciudadanos fue más directo. Pidió la dimisión de Rubén Rosón y, en caso de no producirse esta, que el alcalde lo cese. Su concejal Luis Zaragoza recordó que su grupo ya advirtió, en febrero, «que no se iba a recaudar lo que pretendían hacernos creer, entre otras cosas, por las reclamaciones interpuestas contra la subida del IBI de Rosón». Zaragoza lamentó que, «una vez más, una decisión precipitada e irresponsable del señor Rosón va a acabar costando dinero a todos los ovetenses, lejos de ahorrar quitándoselo a los ricos y malvados como ha cacareado hasta la saciedad».

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