El alcalde retira a Rosón las competencias de un contrato por segunda vez en cinco meses

El alcalde retira a Rosón las competencias de un contrato por segunda vez en cinco meses
El edil de Economía, Rubén Rosón, escuchando con atención al alcalde, Wenceslao López. / MARIO ROJAS

Asume de urgencia la tramitación del seguro médico de los funcionarios por, según dice, «la ausencia» del edil de Somos

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

El alcalde, Wenceslao López, ha retirado las competencias a su concejal de Economía, Rubén Rosón, sobre la contratación del seguro médico de los trabajadores municipales. Es la segunda vez que en apenas cinco meses el regidor socialista asume el control de un expediente que dependía de Rosón, después de que, en enero y tras varios choques entre Somos y PSOE a cuenta de las responsabilidades de la concesionaria del servicio de Aguas, López le retirase a aquel la firma y las competencias sobre la autorización del gasto para el contrato de instalación de nuevas bocas de riego.

Según la nueva resolución a la que ha tenido acceso este diario, el motivo que aduce Wenceslao López para 'intervenir' la Concejalía de Economía es «la ausencia del municipio de dicho concejal» y la urgencia de impulsar el expediente «que permita a su vez tramitar el correspondiente» de contratación para poder adjudicar el servicio antes del vencimiento del actual acuerdo, en agosto.

Como excusa puede valer, pero hay razones para pensar que existe una nueva discrepancia política detrás de la resolución del alcalde. La primera, que el vigente contrato lo adjudicó el actual equipo de gobierno en 2016 con un plazo inusualmente corto, de un año más la posibilidad de una prórroga por otro adicional. El anterior, adjudicado por el PP en 2010, agotaba el límite habitual de cuatro años más dos prórrogas anuales. La segunda, que el contrato de asistencia sanitaria y ortoprotésica para trabajadores municipales esconde un viejo privilegio concedido por Gabino de Lorenzo a la plantilla. La póliza, de hecho, solo cubre a los funcionarios que estuviesen en servicio activo en el Ayuntamiento en la fecha de 31 de marzo de 1993 y a los familiares de estos. Los familiares, en un sentido tan amplio, que dificulta conocer los detalles. Incluye exparejas, ascendientes, hijos, acogidos o «los ascendientes del titular y de su cónyuge, así como los cónyuges de tales ascendientes por ulteriores nupcias». Un lío que cuesta a las arcas municipales hasta 832.458 euros al año y que deja fuera a todo el personal laboral o a los funcionarios que se hayan incorporado después de marzo de 1993.

Razón dudosa

De ahí que las razones esgrimidas por el alcalde acerca de la ausencia de Rosón y la urgencia de tramitar un contrato cuya duración ya limitó el actual equipo de gobierno y de cuyo final en agosto de este año se sabe desde hace 24 meses, resulten complicadas de creer. De hecho, el equipo puso fin a algunas de las prebendas extrañas que percibía la plantilla municipal tras 24 años de gobiernos del PP. Personal, por ejemplo, canceló y suprimió los viajes a Tenerife para los trabajadores que se jubilaban en 2016 y no sin generar cierto malestar. Desde Alcaldía se limitaron ayer a confirmar la resolución sin entrar en los motivos del alcalde para volver a conjugar ese verbo antiguo y burocrático: avocar, que, según la RAE, es «atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior».

Aunque los motivos sean los expuestos por López, cuando menos es un toque de atención al de Somos Oviedo por no llevar los asuntos al día. Un mensaje que no ayudará a tranquilizar las aguas cada vez más agitadas del gobierno local. A un año de las elecciones y desde el pasado septiembre, el número de desencuentros públicos, matizaciones y declaraciones contradictorias se ha multiplicado.

Sin ir más lejos, en enero, cuando el alcalde conjugó por primera vez el verbo avocar, se despachó con el «órgano inferior» (contra Rosón) en un escrito en el que consideraba «inaceptable que la firma de este expediente (el contrato de bocas de riego) sirva para plantear dudas sobre la legalidad» del mismo «y especialmente, sobre el proceder de este alcalde».

La resolución no era sino el punto y seguido en una crisis que llevaba larvándose casi dos años, desde el incendio de la calle Uría que costó la vida al bombero Eloy Palacio. Los problemas en la extinción y la falta de agua llevaron a Somos a exigir responsabilidades a la concesionaria y a generar divisiones entre estos y los socialistas.

Más

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos