Alicia Castro pide ser excluida del expediente de Villa Magdalena porque no era edil en 1999

El palacete de Villa Magdalena pasó de costar 11,8 a 60 millones de euros para las arcas de la ciudad.
El palacete de Villa Magdalena pasó de costar 11,8 a 60 millones de euros para las arcas de la ciudad. / A. PIÑA

Alberto Mortera pide que el plazo investigado acabe en 2000, cuando se generó el derecho a la retasación Sostiene que estaba fuera del Ayuntamiento cuando se generó el derecho de retasación del palacete

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

«No se puede iniciar este tipo de expedientes sin identificar a los sujetos intervinientes y determinar la incidencia de la actuación de cada uno de ellos en el supuesto resultado lesivo». Ese es el vicio que alega la que fuera concejala de Urbanismo, Alicia Castro Masaveu, para pedir la nulidad «radical» del expediente de responsabilidad patrimonial por la gestión de la expropiación de Villa Magdalena. Un vicio -no saber a quiénes se refiere-, que genera indefensión, ya que no puede conocerse siquiera si hay personal del Ayuntamiennto u órganos colegiados incluidos en el legajo, y que supone un incumplimiento claro, alega Castro Masaveu, del artículo 55 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de 2015, «como bien sabe la instructora», la jefa de Gestión de Tributos, Mercedes Díaz Amodia.

De haber identificado correctamente a los intervinientes también debería saber, recrimina en su escrito Castro Masaveu, que, en marzo de 1996 salió elegida diputada y «renunció a la Concejalía de Urbanismo», que pasó a ocupar José Agustín Cuervas-Mons, mientras que ella retuvo el acta de concejal, «sin dietas, con pérdida de la liberación, y por tanto, sin percibir cantidad alguna por razón de su cargo». Un hecho que sucedió casi medio año antes de que el Pleno, en octubre de aquel año, aprobase la expropiación de Villa Magdalena.

Resalta, además, que en el propio expediente se fija como fecha de inicio de las posibles responsabilidades por la expropiación el 10 de septiembre de 1998, cuando el jurado de expropiación fijó el primer justiprecio. En noviembre de ese mismo año, recuerda la exedil, ella votó a favor de recurrir la valoración y consignar el dinero. Siete meses después, tras las elecciones de 1999, dejó la Corporación.

Las alegaciones de la exdiputada se pueden resumir fácil: no tenía las competencias desde antes de aprobarse en Pleno la expropiación; cuando tocó aprobar el pago, lo hizo, y dejó el Ayuntamiento antes de que se generase el derecho a la retasación. Aún así, Castro Masaveu coincide con las alegaciones de otros de los implicados en denunciar la supuesta parcialidad de la «catedrática socialista», Rosario Alonso Ibáñez, la coordinadora del informe de la Universidad de Oviedo sobre la expropiación, que fue directora general del Ministerio de Vivienda entre 2008 y 2010.

Castro Masaveu también sale en defensa del 'bloque', considera que «las personas sin identificar» a las que se imputan las posibles responsabilidades patrimoniales, «actuaron en todo momento» en defensa de los intereses de la ciudad, en una lucha denodada de casi 20 años « en la que, al final, «no fue posible» reducir el coste expropiatorio, concluye. De hecho, sucedió todo lo contrario. Pasó de 11,8 a más de 60 millones, intereses incluidos.

Aunque la mayor parte de ese tránsito llegó de golpe, a partir de 2007, con la solicitud de retasación, por el medio la gestión quedó en manos de José Agustín Cuervas-Mons. El ahora parlamentario regional por el PP ha presentado un nuevo escrito en el que su representante legal solicita una ampliación del plazo para formular nuevas alegaciones «dado el volumen y complejidad de los expedientes administrativos», lo amplio del periodo examinado y, coincide con Castro Masaveu, «la vaguedad de la resolución de apertura del mismo en cuanto a la identificación de las acciones u omisiones dolosas o culposas» que se le atribuyan.

Tráficos financieros

El escrito de Alicia Castro suma 16 folios. Las alegaciones de Alberto Mortera, mucho menos formales, no llenan dos. La principal, para pedir que el plazo para delimitar las responsabilidades debe quedarse «a finales de 2000 por que entonces llegó el derecho a la retasación» y porque, «a partir de ahí lo que se generó fue un despeñadero judicial sin marcha atrás». A finales de ese año, Mortera era aún concejal socialista y, de hecho, el único que votó en contra de la expropiación en la comisión de Urbanismo. «Hace casi 20 años que dije que sería la biblioteca más cara de Europa. Lamento haber acertado», añade.

Pero puestos a añadir, el exedil señala que el gobierno local es una organización jerarquizada y que «si se culpa al colectivo», «el responsable real» puede acabar por «irse de rositas». Mortera dejó el PSOE en 2007 y fue elegido concejal por el PP en las siguientes elecciones. En 2011, siguió a Gabino de Lorenzo a la Delegación del Gobierno, de donde el exalcalde le fulminó hace tres meses. «El quién lo hizo es muy claro, pero no me corresponde a mí determinarlo» y, en su opinión, tampoco debe el Ayuntamiento suplantar a la justicia, porque aunque posibles responsabilidades penales estuviesen prescritas, no lo estarían «los tráficos financieros y empresariales que ciudadanos residentes en España puedan haber efectuado fuera de nuestro país y tengan como origen el enorme lucro derivado de casos como este; que no ha sido por desgracia el único». Y concluye apuntando directamente a dos: el Carlos Tartiere, cuyo presupuesto pasó de 24 a 48 millones durante las obras, y el aparcamiento de Vallobín.

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