Somos amenaza con una subida del IBI a los 'ricos' en 2018 si prosperan sus demandas

El edil Rubén Rosón conversa con Ana Rivas y Marisa Ponga, ambas sentadas, del PSOE, y con Cristina Pontón, de IU, y Fernando Villacampa, de Somos. / PIÑA

El PSOE se desmarca de la postura de su socio de gobierno pero defiende que «el IBI diferenciado es correcto y legal» Rosón defiende aumentar la tasa a los grandes catastros si eluden el pago por «una argucia»

JUAN CARLOS ABAD OVIEDO.

La comisión de Economía que se celebró ayer en el Ayuntamiento tuvo su punto álgido a costa del impuesto del IBI diferenciado para los 252 propietarios que, en teoría, tendrán que pagarlo a partir del próximo otoño.

El grupo municipal popular había elevado dos mociones sobre este punto para su discusión y votación. La primera, acerca de notificar a esos 252 propietarios de manera individualizada la subida en la tasa. En principio, el equipo de gobierno no tenía reparos en hacerlo salvo porque el PP, vinculaba esa notificación al olvido municipal de no publicar, como marca la ley, la modificación de la tasa en uno de los diarios de mayor tirada.

A este error se agarran los propietarios para desmontar el impuesto en los tribunales pero para el equipo de gobierno, «la modificación del impuesto para este año no está mal, se cambió para hacerlo más progresivo y es legal. Aunque haya habido un error administrativo que tiene recorrido jurídico no quiere decir que el impuesto esté mal», según explicó Ana Rivas, portavoz del PSOE. «Es más, los ciudadanos se informan en los medios de comunicación no leyendo anuncios oficiales o el BOPA», remató.

El tono de la discusión fue creciendo. El PP llevaba una segunda rueda de molino para el gobierno municipal. Tampoco tragaron con la pretensión de que el Ayuntamiento «se allanara a las demandas interpuestas». Es decir, que el demandado, el Consistorio, reconociera la causa de los siete demandantes que a día de hoy litigan contra el IBI diferenciado abandonando su defensa. Básicamente, que les diera la razón y finalizase el proceso. En ese punto la discusión subió de tono.

Ana Rivas defendió la postura municipal explicando que el único error es la no publicación del anuncio en prensa. «Establecer el IBI diferenciado es legal y se hizo para que el impuesto fuera progresivo y si el Ayuntamiento se retira de la causa no estará defendiendo los intereses generales de la ciudad», explicó la edil.

Ciudadanos se sumó al debate arrastrando al concejal del área, Rubén Rosón, a la arena. Luis Pacho, portavoz de la formación naranja, acusó a al concejal de Economía de tener una «intención manifiesta de subir más el impuesto del IBI diferencial para el próximo año» si prosperan las demandas de siete propietarios de grandes valores catastrales. Desde Ciudadanos se mostraron contrarios a esta medida porque «ya se ha demostrado que al final sí que iban a pagar esta subida los ciudadanos de a pie, no los multimillonarios, el gobierno mentía», afirmó Pacho. Ciudadanos, además, teme una deriva «radical» del encargado de las cuentas municipales: «un pirómano de jefe de bomberos» y desveló que Rosón amenazó con que los «afectados» por la subida del IBI «no se van a ir de rositas».

Privilegios fiscales

Consultadas fuentes de la formación de unidad popular, estas rebajaron un punto el tono de la discusión. Adujeron que, en el fragor del debate, Rosón, «barajó cifras. 'El 1,1, el 0,6 o el 0,3' por si, empleando una «argucia» legal, los grandes propietarios y las multinacionales que han denunciado al Ayuntamiento «no lo pagan este año». En este punto, el PSOE se alejó de las palabras de Rosón afirmando que hablaba por él mismo o por su grupo municipal porque tal extremo no se ha discutido en el seno del gobierno.

Sin embargo Somos recalcó que «mientras que Rubén Rosón sea concejal de Economía quienes no van a pagar más IBI son los ciudadanos que se levantan todas las mañanas para ir a trabajar. Y que quienes disfrutan de privilegios fiscales son las multinacionales demandantes».

Ayer, ninguna de las dos mociones de los populares pasaron, pero está por ver que las intenciones del equipo de gobierno prosperen. Tendrá que defender en los tribunales la modificación de la ordenanza 400 tal cual fue aprobada. Si se anula, no afectaría tan solo a los 252 grandes valores catastrales, sino a los 175.000 contribuyentes. Los primeros se librarían de tener que pagar el tipo del 1,1%, pero el resto pagarían el tipo del año pasado, del 0,679 en vez del 0,65% rebajado para este año.

La pérdida de ingresos, unos 3,3 millones de euros que el equipo de gobierno pretendía recaudar con la subida diferenciada se podría revertir de dos maneras. Anulando los recibos a los vecinos y emitiendo unos nuevos más caros el próximo octubre, algo que Rosón ya desmintió ayer. Y, a las malas y previsiblemente, tapar el agujero cancelando alguna de las inversiones previstas.

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