Anulado provisionalmente el juicio por la ocupación de La Madreña

Asamblea en 2014 tras conocer la orden de desalojo de La Madreña, con el diputado de Podemos a la cabeza/Mario Rojas
Asamblea en 2014 tras conocer la orden de desalojo de La Madreña, con el diputado de Podemos a la cabeza / Mario Rojas

La vista oral se iba a celebrar en dos sesiones los días 20 y 22 febrero y la anulación se ha acordado por la coincidencia con otros señalamientos

EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado hoy provisionalmente el juicio por la ocupación del espacio social de La Madreña, en el edificio ubicado en el número 32 de la calle General Elorza de Oviedo, en el que hay diez acusados, entre ellos, el diputado regional de Podemos Andrés Fernández Vilanova y el concejal de Somos Oviedo Rubén Rosón.

La vista oral se iba a celebrar en dos sesiones los días 20 y 22 febrero y la anulación se ha acordado, entre otras cuestiones, por la coincidencia con otros señalamientos y aun no se ha fijado la nueva fecha de celebración, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La vista oral estaba inicialmente prevista para el pasado mes de febrero, pero fue suspendida al ser competencia del alto tribunal asturiano por encontrarse entre los imputados un diputado.

En esta causa, la Fiscalía solicita la imposición de una multa de 1.440 euros para cada uno de los diez integrantes del movimiento La Madreña, acusados de un delito de usurpación.

En su escrito, el fiscal relata que los acusados ocuparon el edificio deshabitado el 15 de noviembre de 2011 sin contar con autorización del propietarios, la empresa pública Sedes, y con el "ánimo de utilizarlo de forma permanente para fines personales".

Tras ocupar el edificio, los acusados colocaron carteles en las ventanas y vallas de la finca con las leyendas "okupación temporal", "espacio libre 15 M", "un desahucio una okupación", "garra lo que ye tuyo" y otras similares.

La Fiscalía añade que el colectivo de personas, del que formaban parte activa los diez acusados, "sin solicitar ni obtener ningún permiso del titular del edificio, comenzó a realizar en él, de forma permanente y continuada, reuniones, charlas y otras actividades a las que acudieron personas diversas", hasta que el inmueble fue desalojado por la Policía Nacional el 3 de junio de 2014.

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