El Auditorio de Oviedo permaneció en servicio diecisiete años sin una sola revisión de Bomberos

El Auditorio, en uno de los multitudinarios conciertos celebrados desde su inauguración en 1999. / MARIO ROJAS
El Auditorio, en uno de los multitudinarios conciertos celebrados desde su inauguración en 1999. / MARIO ROJAS

El equipo de gobierno quiere abrir una investigación sobre las condiciones en las que se recibió el edificio este año

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

La concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, lo insinuó el jueves. Criticó la «desfachatez» del PP por mirar «hacia otro lado» acerca de la seguridad del Auditorio. Lo cierto es que, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el Auditorio Príncipe Felipe estuvo diecisiete años, casi dieciocho, en funcionamiento sin haber sido revisado nunca por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. En todo el expediente, tan solo figuran tres informes de Bomberos. Todos previos a la inauguración. El último, de la misma mañana en la que se puso en servicio el equipamiento, el 29 de abril de 1999, y firmado por el entonces jefe del servicio, tiene exactamente cuatro líneas de texto: «Girada visita de inspección a los sectores previstos a utilizar en los actos de inauguración del Auditorio Príncipe Felipe no se han observado deficiencias en cuento a la aplicación de la Norma Básica de Edificación-Condiciones de Protección Contra Incendios de 1996. Por lo que no existe inconveniente en celebrar los actos de inauguración previstos». El entonces heredero al trono hizo el recorrido inaugural y nunca más se supo, hasta el informe de la nueva responsable del SEIS del pasado mes de octubre. Ni cabidas ni aforos ni mediciones ni sectorización ni evacuación, el Auditorio se pasó diecisiete años en servicio sin una revisión de Bomberos.

El dictamen confirmó los anteriores de la contratista del último plan de autoprotección, Premap, del arquitecto José Luis Pérez-Lozao y de la arquitecta jefa de Patrimonio y Edificios, Mercedes Arbesú: el edificio incumple la normativa de protección contra el fuego y, con su uso, además se han ido añadiendo problemas de seguridad adicionales. Pérez-Lozao, en su primer informe, cuestiona la seguridad de las puertas. En su ampliación concluye que hay que sustituir todas y cada una de ellas por otras que cumplan su función aislante contra el humo y la debida resistencia al fuego. Total, más de 160 puertas que deberán ser cambiadas, todas las del edificio. Pero hay más. Alguien en algún momento decidió usar algunos cuartos como almacenes de folletos, papelería o de tramoyas sin tener en cuenta que los convertía en locales de riesgo especial.

Aún en la última visita, el arquitecto redactor del informe se encontró con que el personal de mantenimiento le informó de la insuficiencia del sistema de ventilación del local donde se ubica el centro de transformación, lo que «obliga a mantener abierta la puerta pues, en caso de permanecer cerrada, el ventilador aumenta sus revoluciones para compensar la falta de toma de aire, produciendo molestias acústicas al vecindario». Un incendio en el transformador no encontraría ninguna barrera para inundar de humo todo el edificio.

Expediente

Esas deficiencias y otras llevan ahí diecisiete años largos. Tras desvelarse los problemas del edificio, el alcalde definió un protocolo de actuación que pasaba por estudiar los fallos y en qué condiciones podría mantenerse el uso del edificio y, a partir de ahí, definir las obras necesarias para ir recuperando al máximo sus posibilidades. Había una quinta fase: la exigencia de responsabilidades. Fuentes del equipo de gobierno confirmaron que, una vez que se encarguen los proyectos de las obras, se incoará un expediente aclaratorio para definir quién recibió las obras de un edificio que ni se ajusta al proyecto original, permitió su uso durante diecisiete años y, además, encargó sucesivos planes de autoprotección que no detectaron ninguna de las deficiencias anteriores.

Todo va un poco a ojo de buen cubero, pero hay cosas que no pueden esperar. La junta de gobierno aprobó en octubre el plan de autoprotección del Auditorio Príncipe Felipe y, a la vez, limitar de forma cautelar su aforo a 1.500 espectadores, cerrar la tercera planta y el sótano e impedir el uso de varios espacios de forma simultánea. Las consecuencias se dejarán sentir hasta en los conciertos de 'Les Luthiers' del próximo noviembre. El equipo de gobierno espera saber esta semana si podrá acelerar las obras contratando por fases los proyectos o deberá hacer un pliego global, más complejo y que demoraría los trabajos, con un presupuesto global que pasa de los 850.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

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