El Ayuntamiento de Oviedo bajará el precio de los servicios municipales en 2018

Una escuela infantil.
Una escuela infantil. / M. ROJAS

Las bonificaciones a las escuelas de 0 a 3 años aumentarán hasta unos ingresos mensuales de 1.800 euros por unidad familiar

ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO.

Mientras los jueces estudian la anulación de las ordenanzas fiscales de este año, después de que no se haya publicado el anuncio de información pública en prensa, el equipo de gobierno ya están pensando en los precios de los servicios públicos para el próximo año. Ayer, los socios de gobierno se reunieron para hablar de las tasas que pagarán los ovetenses cuando, por ejemplo, pidan un documento a la administración local o cuando se suban al Transporte Urbano de Asturias (TUA). Y por el momento ya han llegado a un acuerdo: la extensión de las bonificaciones en las escuelas de 0 a 3 años.

Hasta ahora, las familias con menos recursos económicos se beneficiaban de estas deducciones y para el próximo año el Ayuntamiento extenderá este criterio a la clase media ovetense. Argumentan que los trabajadores son los que sostienen la economía local y, al mismo tiempo, los que más han sufrido los mayores recortes que el Partido Popular ha aplicado desde que Mariano Rajoy es presidente del gobierno de España. Por esta razón, extenderán las bonificaciones a todas las familias que reciban 3,34 veces menos el IPREM. Es decir, a todas aquellas unidades parentales y con hijos que reciban unos ingresos mensuales medios de alrededor de 1.800 euros.

No es la única novedad que están estudiando introducir. Quieren que los servicios básicos relacionados con la Educación o la Sanidad estén asegurados sin necesidad de que se apliquen copagos. Por esta razón, y según informaron ayer fuentes municipales, durante los próximos meses trabajarán para tomar las medidas necesarias mientras «el Estado y el gobierno del Principado asuman el coste íntegro de estos servicios».

IBI diferenciado

Estos pasos adelante no hacen que los grupos de la oposición olviden toda la polémica del IBI diferenciado. Parte de los 252 afectados pleitearon contra el Consistorio alegando desconocimiento de la normativa. Si finalmente los jueces la anulan se crearía un agujero de tres millones de euros en las arcas municipales. El concejal de Economía, Rubén Rosón, ya ha avisado que «no vamos a tener que hacer ningún recorte en el gasto» y por consiguiente no afectará a los presupuestos de 2017.

Asimismo, el edil de Somos señaló hace unos quince días que no se van a dejar de ejecutar inversiones del remanente del 2016 (el presupuesto sobrante del año pasado) «porque técnicamente sería ilegal».

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