El Ayuntamiento de Oviedo clausura una planta de hormigón que operaba sin licencia en la cantera de Llagú

Vista aérea de la cantera de Llagú en la que el Consistorio ha procedido a clausurar una planta de fabricación de hormigón. / E. C.
Vista aérea de la cantera de Llagú en la que el Consistorio ha procedido a clausurar una planta de fabricación de hormigón. / E. C.

La capital asturiana cuenta con ocho canteras operativas, que producen más de la mitad de los áridos que se extraen en el Principado

JUAN CARLOS ABAD OVIEDO.

El Ayuntamiento de Oviedo clausuró el pasado mes una planta de molienda y transformación de hormigón ubicada en la cantera de Llagú, propiedad de la empresa La Belonga S. A., que también explota la cantera del mismo nombre y que hace unos días sufrió un cierre parcial de actividad hasta que mejore las condiciones de contaminación acústica.

El motivo para la clausura y desmontaje definitivo de la planta se remonta a un largo litigio entre la mercantil y Consistorio. En 2011, en plena crisis de los áridos y del ladrillo, explotada la burbuja, La Belonga trató de legalizar la factoría basándose en el «silencio administrativo», según obran los autos a los que ha tenido acceso este diario. Argumentó que, en «el lugar donde se ubica la instalación, ya se venían realizando actividades industriales de fabricación y venta de hormigón». Desde el año 2006, según las alegaciones de la empresa. De 2006, también data el PGOU vigente en el que se incluye el plan de Canteras del concejo de Oviedo que permite instaurar actividades industriales en las explotaciones mineras en vez de obligar a restaurar los terrenos.

En el expediente, que se alargó hasta enero de 2012, el Ayuntamiento no encontró razón para legalizar una planta que contraviene la normativa al operar «a menos de la distancia mínima permitida» de las viviendas más cercanas. Aquello, sin embargo, quedó en un impasse. No se llegó a resolver ni en un sentido ni en otro. Denegó la legalización, pero la hormigonera siguió funcionando. En 2016, sin embargo, se reactivó como una de las 15.000 licencias que tiene Urbanismo por resolver. En marzo de 2017 los técnicos instaron al cierre porque «los delitos urbanísticos no prescriben» y la empresa recurrió la orden municipal al Contecioso-Administrativo.

El número 6 de Oviedo ratificó el pasado noviembre las actuaciones consistoriales y ordenó ejecutar la sentencia. La empresa respondió al Ayuntamiento a finales de marzo, afirmando que ha procedido al cese de actividad y que ha solicitado a la Dirección General de Minería e Industria autorización para el desmontaje de la planta antes de redactar el proyecto técnico para el desmontaje final de la planta, que ya ha comenzado, y que tiene que ser efectuado en dos meses de plazo.

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Tal cese de la planta de Llagú, coincide en el tiempo con dos litigios abiertos en el concejo entre Ayuntamiento y empresas extractivas. El de la propia cantera de la Belonga y el discutido proceso para instalar en la cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo en Santa Marina de Piedramuelle sendas plantas de transformación de asfalto y hormigón.

Oviedo cuenta actualmente con ocho canteras operativas: Tudela Veguín, La Belonga, Cárcaba, Llagú, Anieves, Brañes, Naranco y Orgaleyo. La crisis de la construcción golpeó duramente al sector y los brotes verdes de la construcción y las exportaciones están reflotando poco a poco la actividad. En 2008, en España, el consumo de áridos era de 12 toneladas por habitante. Pero sin casas que construir y la paralización de la obra pública, en Asturias esa ratio bajó a 2,86 en 2016, último periodo con cifras completas.

Según la patronal, se estima en 465 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2015, es del 84,0% y Asturias todavía está en decrecimiento.

En el concejo de Oviedo, sin embargo, se concentra más de la mitad de los 3 millones de toneladas de producción anual de todo el Principado. La relación entre la necesidad de contar con materias actúa en connivencia del plan especial de canteras, pero choca con los intentos de la administración de paliar los efectos de esta industria en el medio ambiente.

Una cantera municipal

En el año 2006, durante la celebración de unas jornadas sectoriales organizadas por asociación de fabricantes de áridos del principado de Asturias, el entonces director general del ramo y hoy consejero de Industria, Isaac Pola, se refirió así a las industrias extractivas: «Esta actividad tiene que ser compatible con otras. Esa coexistencia no se plantea siempre de forma pacífica». También se refirió a que la restauración de las explotaciones «forma parte del proceso productivo». Algo que en Oviedo no se daba entonces ni se da ahora. Al menos, hasta que no se revise el PGO.

Del resto de las canteras de Oviedo y el modo de proceder de empresas y administraciones sorprende, sobre todas las demás, una abandonada. La vieja del Naranco, que actualmente es de titularidad municipal. El consistorio permutó los terrenos agotados y sin restaurar por otros que eran municipales para la instalación de una nueva explotación. Todo dentro de la legalidad.

Podría sonar extraño si el modo de actuar del Ayuntamiento de Oviedo hubiera sido errático en este sentido. También en el 2006 del PGOU, se expropió a si mismo 40.000 metros de terrenos anexos a la cantera de Santa Marina de Piedramuelle cambiando la naturaleza de los mismos. De bienes de dominio público a patrimoniales. Los vendió a Canteras Mecánicas Cárcaba para ampliar la explotación donde ahora pretende instalar sendas plantas de transformación de asfalto y hormigón.

A una, la de aglomerados, el Principado le dio el visto bueno gracias a un informe de impacto ambiental simplificado lo que soliviantó a vecinos y plataformas ecologistas, que consideran que es necesario un procedimiento ordinario que tenga en cuenta las tres actividades en la zona. La consejería rechazó los recursos de reposición y el Ayuntamiento de Oviedo y la plataforma vecinal, por separado, estudian interponer sendas recursos ante lo Contencioso-Administrativo.

De la segunda, la de hormigón, todavía en trámites de consulta, también ha recibido un aluvión de recursos en el registro del Principado. El pasado jueves los vecinos anunciaron que, independientemente del recurso, agotarían todos las vías legales posibles». Podemos, por su parte, presentó una moción ante la Junta General para «atender las pretensiones vecinales resolviendo los recursos presentados» que se ordene la realización de una evaluación de impacto ambiental ordinaria para «analizar los efectos sobe el medio ambiente aún no evaluados» y «tomar en consideración los efectos acumulativos derivados de las distintas actividades» industriales proyectadas en Priorio.

El Principado hasta ahora se ha remitido a la legalidad del proceso y a que los trámites simplificados, ordenados por el órgano sustantivo son suficientes.

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