El Ayuntamiento de Oviedo frena la compra de radios para la Policía ante la sospecha de un amaño

Dos policías locales, con los chalecos anticorte puestos, patrullando ayer por la calle Quintana.
Dos policías locales, con los chalecos anticorte puestos, patrullando ayer por la calle Quintana. / PABLO LORENZANA

Una empresa envía al alcalde correos de una rival en los que el responsable de esta dice haber hecho los pliegos del concurso

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

Algo raro hay. El Ayuntamiento ha decidido paralizar la compra de nuevos equipos de comunicaciones para el área de Seguridad Ciudadana y abrir una investigación después de que una de las licitadoras haya denunciando el amaño del concurso entre una de las empresas rivales y el responsable municipal del contrato, el subinspector del servicio J. F. C. A..

El contrato lo anunció el alcalde en el mes de marzo, con ocasión de la presentación de las nuevas motos para la Policía Local. Wenceslao López lo inscribió dentro del plan de modernización del área de Seguridad Ciudadana, que además de la implantación del nuevo sistema de comunicaciones para los tres servicios, incluía la compra este año de 'tablets' para tramitar digitalmente expedientes y sanciones por importe de 223.000. Los equipos de radio, dijo el regidor, saldría a licitación las próximas semanas «por unos 300.000 euros». Cuando los pliegos fueron aprobados, ya en mayo, el importe del contrato había subido ya 345.000 euros.

Algo raro hay. La publicación de los pliegos dio lugar a varias solicitudes de aclaraciones por parte de empresas interesadas. Los pliegos, por ejemplo, exigían la creación de unas «pasarelas de comunicaciones» entre la red TETRA, el sistema actualmente operativo que se mantendría como respaldo, y los nuevos equipos, pero la documentación técnica ni siquiera explicaba las características del sistema actual. Tampoco detallaba las ubicaciones precisas de las tres antenas radiantes y repetidoras.

Cuando llegó la primera mesa de contratación, el 4 de julio, un total de cuatro empresas presentaron sus propuestas. Las cuatro -Radiotelecomunicaciones Cabielles, Eagle Eye, AERCO y Alumbrados Viarios- fueron admitidas en el concurso en presencia de los técnicos de los servicios Jurídicos, Intervención, Presupuestos, Interior y el propio responsable del contrato.

Un mes después, la mesa volvió a reunirse para estudiar los criterios no cuantificables automáticamente, según el informe elaborado el subinspector de la Policía Local. El documento llegó, pero no comparecieron ni este ni su sustituto. En su ausencia, el órgano acordó «por unanimidad, dejar el informe sobre la mesa, al existir diversas dudas sobre dicho informe y no haber asistido al evento ni el responsable del contrato ni el sustituto que puedan resolver las mismas», según recoge el acta de la reunión celebrada el primer día de este mes.

Correos sospechosos

Eso es lo que dice el acta, pero las sospechas, en realidad, comenzaron un mes antes. Antes incluso de que se celebrase la primera mesa, Contratación recibió un correo electrónico en el que un interesado, representante de una de las empresas licitadoras, denunciaba irregularidades en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas y el posible amaño del contrato entre su responsable y otra de las firmas presentadas al concurso. Dos días después, el mismo individuo presentó oficialmente el mismo escrito a través del Registro. Pese a ello, la mesa se celebró con normalidad dos días más tarde y con la presencia del responsable del contrato.

El 1 de agosto, el escrito se remite directamente a Alcaldía. Se hace por correo urgente con certificado, no vaya a ser que se pierda, y al día siguiente, el denunciante insiste por registro. En el escrito incluye copias de los correos electrónicos, en los que uno de los responsables de empresa bajo sospecha, se jacta de «haber hecho los pliegos de condiciones con ustedes», por los responsables municipales del contrato.

Solo entonces, el Ayuntamiento actúa y la junta de gobierno ordena frenar la licitación del suministro e implementación de una red de radiocomunicaciones digital (DMR) con sistema de despacho y posicionamiento, que así se llama oficialmente el contrato. Ante la denuncia de posibles irregularidades, aprueba abrir unas «actuaciones previas que permitan conocer las circunstancias concretas concurrentes», por lo que solicitan al denunciante «la concreción de los hechos» y que sea él mismo quien identifique «al personal municipal que habría intervenido en los mismos», para lo cual se le han dado diez días de plazo.

Después de que el denunciante saque a pasear el dedo acusador, el Ayuntamiento dará traslado a los interesados: la empresa señalada, los técnicos de la Policía Local intervinientes en el procedimiento de contratación y a la asistencia técnica externa que colaboró en la elaboración del pliego, para que hagan las «alegaciones oportunas».

El equipo de gobierno declinó ayer realizar ninguna valoración sobre lo sucedido. Ni sobre la situación en la que se encuentra el expediente ni si dará traslado a la Fiscalía ni siquiera para explicar las razones por las que la contratación siguió adelante tras las primeras denuncias o porque ni siquiera se intentó encargar el informe de valoración de las propuestas o otro funcionario. Silencio absoluto.

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