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GONZALO DÍAZ-RUBÍN
OVIEDO.
Jueves, 21 de junio 2018, 03:17
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Al igual que al expresidente Mariano Rajoy la herencia recibida le sirvió de comodín para defender el escaso margen de maniobra de su gestión, al equipo de gobierno cada sentencia judicial heredada le ha servido para echar pestes de sus antecesores y poder tachar promesas e inversiones hechas, al menos sobre el papel, a los vecinos. Pasados los tragos de los planes de empleo, de colaboración social, de Villa Magdalena o el Calatrava, el horizonte parece despejado, pero no lo está: el Ayuntamiento aún tiene reclamaciones judiciales por importe de más de diez millones de euros, partida que tiene sin consignar.
Según el informe de Abogacía Consistorial del pasado 26 de abril, los principales litigios se refieren a la expropiación de parcelas en la unidad de gestión Rodríguez Cabezas III, en Pumarín; de la de Loma del Canto I; y la liquidación del contrato del spa de Ciudad Naranco. Solo estos tres pleitos suponen un riesgo potencial para las arcas municipales de 8 millones de euros, sin contar los intereses legales que en algunos casos suman más de dos décadas de pendencia.
Abogacía detalla que el jurado provincial de expropiación estableció, en diciembre de 2015, un nuevo justiprecio para cuatro de las parcelas expropiadas en Rodríguez Cabezas, después de que el Ayuntamiento incumpliese con la obligación de pagar o consignar antes de dos años unas ocupaciones forzosas que se aprobaron, casualmente, el mismo día de noviembre de 1998 que la de Villa Magdalena. El Ayuntamiento recurrió en reposición y logró restar algunos euros de la factura, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, deshizo el logro. El proceso se encuentra en el Tribunal Supremo y la cuantía del litigio asciende a casi 2,2 millones de euros.
Más conocida es la situación del spa de Ciudad Naranco, donde las constructoras reclaman al municipio que abone las obras ejecutadas y valoradas por los técnicos municipales en 3,3 millones de euros. A día de hoy sigue pendiente de recurso en el Tribual Supremo.
Son los más 'gordos', pero al Ayuntamiento le quedan decenas de pleitos pendientes en otros órdenes. Reclamaciones patrimoniales por daños, por ejemplo, en las que se reclaman al Consistorio más de 125.000 euros y sentencias por despidos y laborales por 89.000 euros, estos ya con sentencia firme. Abogacía señala otros problemas para el futuro inmediato. Ante el Supremo se dilucidan las diferencias entre TUA y el Ayuntamiento sobre la retribución de los conductores del autobús urbano. Hasta ahora, las dos sentencias anteriores han sido favorables a las pretensiones municipales, pero hay en juego cerca de 840.000 euros en cada uno de los tres ejercicios reclamado.
Además, al Ayuntamiento le reclaman 286.000 euros por las filtraciones en Ingeniero Marquina; 226.000 por el contrato de El Asturcón y más de y 725.000 de una factura de La Auxiliar de Recaudación. Y faltan las reclamaciones del informe las del incendio de Uría.
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