El Ayuntamiento perderá hasta 115 policías en los próximos cinco años por jubilación

Un policía local de Oviedo vigilando el mercado de El Fontán. La plantilla policial se verá mermada en un 13% el año que viene por las jubilaciones. / PIÑA
Un policía local de Oviedo vigilando el mercado de El Fontán. La plantilla policial se verá mermada en un 13% el año que viene por las jubilaciones. / PIÑA

Seguridad y Personal buscan crear una suerte de bolsa de empleo para poder cubrir las vacantes de manera inmediata

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

Con muchos meses de retraso -forzados por las repetidas elecciones, la formación de Gobierno y la complicada aritmética parlamentaria-, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy publicó el pasado 30 de junio el borrador del Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las administraciones municipales. Un nombre largo que no oculta a lo que se refiere: los funcionarios locales podrán adelantar su edad de retiro a los 60 años, pero que no permite intuir el problema que se les viene encima a los ayuntamientos. Si el decreto entra en vigor como está previsto el 1 de enero de 2018, «se podrán acoger a él, 34 agentes de la escala básica», detalla el concejal de Seguridad, el socialista Ricardo Fernández, «además de siete mandos». Solo el primer año de aplicación de la norma, la ciudad perdería de golpe más del 13% de sus policías y subinspectores (cabos) y más de un tercio de sus mandos (7 de 20).

Según las últimas estimaciones del servicio, con la normativa que persiguen los sindicatos desde hace años para equiparar sus condiciones de jubilación a las de la Policía Nacional, «en cinco años, se perderían 16 mandos y un total de 99 funcionarios de lo que podemos llamar la escala básica», explica el concejal.

Y la situación no es fácil de arreglar. Los límites a la tasa de reposición no afectan ya a los servicios de seguridad. El Ayuntamiento puede contratar a tantos funcionarios para Bomberos o Policía Local como se retiren en el ejercicio inmediatamente anterior. Con esa restricción, lo que se produciría sería un 'agujero'. Los 34 agentes y 7 mandos podrían solicitar su jubilación el 1 de enero de 2018, pero el Ayuntamiento no podría convocar sus plazas hasta el ejercicio 2019, cuando de nuevo se producirían más retiros. En concreto, otros cuatro mandos y 9 agentes y cabos más. Todo ello sin contar las bajas que se puedan producir por enfermedad o incapacidad dentro de la plantilla.

Los sindicatos urgen «convocatorias de plazas amplias» para recuperar personal

La solución en la que trabajan las concejalías de Seguridad y Personal pasa por aprovechar la convocatoria de diez plazas de agente de este año (dos para el turno de movilidad) para generar una especie de bolsa de empleo con la que «poder cubrir de forma transitoria las bajas que se produzcan», explica el concejal de Personal, Iván Álvarez. Los detalles están por definir y existen aspectos legales por consultar. La legislación permite, por ejemplo, a los municipios costeros emplear una fórmula similar para contratar auxiliares de policía por el verano con los que cubrir el aumento de la demanda del servicio que lleva aparejada en muchos la llegada de miles de veraneantes, pero también las vacaciones de sus propios funcionarios.

La ley de Coordinación de Policías Locales de Asturias ya no habla de municipios costeros, sino de aquellos en los que se prevea «una gran afluencia de población en época estacional». La capital, declarada municipio de gran afluencia turística desde 2011, podría buscar un enganche por ahí, pero la misma norma señala que «los auxiliares de policía que prestarán sus servicios por un período máximo de cuatro meses al año» y limita sus funciones a las de «agentes de la autoridad y desarrollando las mismas funciones que los vigilantes municipales, no pudiendo portar armas de fuego».

Mecánica

«La mecánica a seguir, dado que para cubrir las plazas debemos ceñirnos a las jubilaciones del año anterior, mientras que los retiros podrían, son voluntarios, empezar a producirse el 1 de enero, lo que estudian es aprovechar la convocatoria actual para salvar la situación mediante personal interino», expone Ricardo Fernández.

«Lo que está claro es que se necesitan soluciones urgentes», dice Alonso Álvarez Barril, de la sección sindical del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA). «Cada vez somos menos y más viejos», resume. El decreto puede facilitar la renovación de una plantilla muy envejecida, pero crear tensiones de personal. «Se necesitan convocatorias urgentes y amplias para evitar un impacto que sería muy fuerte», concluye, aunque admite que es probable que muchos de los manos que podrían acogerse al decreto de retiro anticipado «no lo hagan, como es normal si pierden mucho dinero, hace falta más gente en los servicios».

«Eso», añade Alberto De Miguel, del Sindicato Área de Seguridad, «no es nada nuevo» y tampoco lo «de que falte gente en los servicios ni que se negociaba el decreto de retiro anticipado» para las policías locales. Las primeras conversaciones con el Gobierno se remontan a 2012. «Tendría que haber un estudio por parte de la jefatura y el responsable político, una planificación para incluirlo en los presupuestos», censura De Miguel. Su sindicato, además, no es partidario de tapar el 'agujero' con interinidades, cree que «no tiene cabida» y recuerda que ya lo propuso CC OO en su día «y se descartó».

«Ya se pueden ir poniendo las pilas», advierte, ante la inminencia de la negociación sindical de la oferta de empleo para el próximo año 2018 y los presupuestos para ese ejercicio. De Miguel será uno de los que pueda adelantar su jubilación cuando entre en vigor el decreto y se concrete su aplicación. En 2020, precisa. Él y otros 114 funcionarios más podrán hacerlo

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