El Ayuntamiento de Oviedo ha perdido 359.000 euros por la prescripción de multas

Un agente, en un control a un turismo. / M. ROJAS
Un agente, en un control a un turismo. / M. ROJAS

Antuña denuncia que 1.744 procedimientos han caducado por la «incapacidad política» del concejal de Seguridad Ciudadana

ROSALIA AGUDÍN OVIEDO.

1.744 procedimientos administrativos han prescrito y caducado durante los dos últimos años y el Ayuntamiento ha dejado de recaudar 359.000 euros por culpa de la deuda que Correos y Telégrafos tenía a mediados del año pasado con las arcas municipales y que retrasó la adjudicación del nuevo servicio de envíos postales para los próximos dos años, según denunció ayer portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Gerardo Antuña, a través de una nota de prensa.

El problema comenzó a gestarse en agosto. Tres empresas se disputaban el servicio postal del Consistorio. Eran Unipost, Correo Inteligente Postal y Correos y Telégrafos. El procedimiento marchaba a buen ritmo y la mesa de contratación propuso que la última se llevase esta adjudicación después de haber presentado la oferta más baja. Pero el servicio de Tesorería paralizó la adjudicación. La histórica sociedad de envíos postales tenía una deuda de unos pocos euros con las arcas municipales y la licitación recayó en la segunda oferta más baja. Correos presentó un recurso y mientras los funcionarios municipales lo estudiaban, 1.700 procedimientos administrativos caducaron.

Este no fue el único problema que se encontró la Administración local por el camino. Mientras los funcionarios estudiaban si Correos tenía la razón, llegó septiembre. Este mes comienza el periodo de pago voluntario del IBI. El Ayuntamiento desarrolló un contrato menor para el servicio postal y el equipo de gobierno tuvo que elegir entre las multas o el pago de este impuesto. La decisión fue clara: se usaría el servicio para el pago del tributo que más dinero da a la Administración local y se dejarían prescribir más de un millar de multas.

Ante esta situación, Antuña acusó ayer al concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández, de ser «incapaz de gestionar» este asunto con «diligencia» y lamentó que Oviedo haya perdido más de 358.920 euros «por culpa de la gestión del equipo de gobierno» durante los últimos meses.

Por otro lado, el concejal popular aseguró ayer que el edil de Seguridad Ciudadana «ha mentido» con el tema de los radares. En la Comisión de Atención a las Personas y Seguridad Ciudadana, Antuña preguntó si el cinemómetro móvil había estado apagado durante los meses en los que se puso en duda su homologación después de que el titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 considerase ilegales estas multas. El edil les contestó que este aparato dejó «de funcionar el 23 de octubre», sin embargo un informe municipal reflejó lo contrario.

«Los técnicos señalan que el radar móvil estuvo en permanente funcionamiento, salvo los días que se necesitaron para obtener los verificaciones periódicas», señaló Antuña a través del mismo comunicado de prensa, donde también criticó que Fernández «no respeta el trabajo que se realizar en las comisiones». «Al edil de Seguridad Ciudadana no le gusta ni se toma en serio la labor de rendir cuentas de su trabajo ante la oposición. Esta actitud es muy grave y constata el desprecio con el que trabaja el tripartito cuando no está de cara a la galería», añadió.

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