El Ayuntamiento recurre a periciales propias para intentar cobrar la Plusvalía

Una imagen de la oficina municipal de Recaudación, situada en la calle Cimadevilla, en los bajos de las Consistoriales. / MARIO ROJAS

Los técnicos se ven «desesperados» ante la tardanza de Hacienda en modificar el impuesto tras el fallo del Constitucional

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

El reloj corre, al calendario se le van cayendo las hojas y el problema sigue ahí, encima de la mesa. Se ve bien. Pesa 13,6 millones de euros en el presupuesto municipal de este año y, si el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no lo remedia, un 5% más para el año que viene. El Ayuntamiento no sabe qué hacer con la Plusvalía, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. No es un caso aislado, otros más de 8.000 entes locales están igual, pero no peor. Oviedo grava con el tipo máximo las transmisiones de pisos, plazas de garaje, locales comerciales u oficinas y además se beneficia de la revisión catastral de 2013, que elevó, de media, un 50% la base sobre la que se calcula el impuesto.

En mayo, el Tribunal Constitucional lo puso en negro sobre blanco: el impuesto era nulo porque, tal y como estaba diseñado, se aplicaba también cuando los bienes habían perdido valor, cuando se transmitían en pérdidas. En realidad, el primer aviso llegó tres meses antes, cuando el mismo tribunal declaró inconstitucional el impuesto tal y como venía recogido en la ley foral vasca. Desde entonces, el Ayuntamiento y también los tribunales de lo Contenciosos, van a ciegas: obligados a liquidar el gravamen según figura en la ley, pero sin saber si lo podrán cobrar o si el contribuyente lo recurrirá y, de ser así, cómo lo interpretarán los jueces.

El concejal de Economía, Rubén Rosón, insiste en que «el Ministerio debe modificar la ley, y que aunque desde los ayuntamientos se pregunta a la FEMP y al propio Montoro no hay respuesta alguna». Algo se mueve. Hacienda ha encargado un estudio y sus propuestas -entre ellas convertir el impuesto en un gravamen estatal que luego compartirían entes locales y autonomías- ya circula entre los grupos parlamentarios del Congreso, pero no vale para el ahora. Tanto el Servicio de Gestión Tributaria como el de Abogacía Consistorial «estamos desesperados», según reconocen una comunicación interna a la que ha tenido acceso este diario.

El informe insiste en que la sentencia del Tribunal Constitucional dice claramente que corresponde al legislador estatal modificar la normativa actual, pero estos meses de demora solo multiplican la incertidumbre. Gestión Tributaria reconoce que la misma «afecta a los ingresos municipales pero que también resulta injusta para los contribuyentes, pues no sabemos ni como informarles correctamente».

Ese es uno de los problemas. Ciudadanos preguntó en la última comisión de Economía por la situación del impuesto y Rosón le respondió leyendo las dudas que le plantea a los propios técnicos la situación. «No podemos dejar de liquidar porque el impuesto sigue existiendo y el Constitucional lo anuló solo en el sentido de que la norma no ha previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor», reza el informe.

El potavoz naranja, Luis Pacho, propone que Oviedo siga los pasos de Málaga o Valencia, ciudades que están haciendo las liquidaciones de la Plusvalía «a cero o casi, para reducir la litigiosidad» y dar tranquilidad a los contribuyentes. «No puede ser tan complicado copiar lo que hacen en otros sitios», sostiene.

O sí, porque liquidar a cero o casi ahora puede obligar en el futuro, cuando Hacienda encuentre una salida, a pleitear con los que ahora se han librado. Los técnicos recuerdan que los tribunales asturianos les están dando la razón. Hasta hace unos meses, exigían al contribuyente que probase -con una pericial o un informe- que no había habido incremento de valor, pero están girando. Ahora basta con que pueda poner en duda la liquidación del impuesto, para que la carga de la prueba le toque al Ayuntamiento demostrar que ha habido ganancias de valor. Gestión de Tributos está recurriendo a informes de la sección de Planeamiento para defender sus liquidaciones en los tribunales.

«Bandazos»

La situación, advierten los técnicos, se ha convertido en un «gran problema». Los tribunales no tienen un criterio unificado, están dando «algunos bandazos»: unos toman en cuenta el valor escriturado, otros piden una pericial y otros, en ocasiones, siguen aceptando valores catastrales. El Ayuntamiento está recurriendo a pedir informes técnicos a la sección de Urbanismo, pero «tampoco es sencillo». El 'valor de mercado' siempre es cuestionable, bien lo saben en la 'casa' después de la sentencia de Villa Magdalena. Una pericial mejor, con más muestreo, basta para desmontar la municipal o ponerla en duda. De los crecientes problemas da cuenta que, hasta julio, el Consistorio apenas había logrado ingresar 3 de los 13,6 millones presupuestados por este impuesto, aunque había hecho liquidaciones por cinco.

Y las cosas se pueden poner peor. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que los ayuntamientos no pueden interpretar cuando hay o no incremento de valor pues esa competencia le corresponde al legislador, que sigue sin modificar la Ley de Haciendas Locales. De momento, los tribunales asturianos no han cambiado de criterio, pero los técnicos no descartan que lo hagan en un futuro próximo.

Con la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales a la vuelta de la esquina, Economía opta por mantener el impuesto tal y como está recogido en la ley. Tan solo por el efecto de la revisión catastral y el repunte del mercado de la vivienda, debería rendir unos 14 millones de euros en 2018. Una cifra en la que nadie cree, pero en la que, hasta que el gobierno del PP no modifique la legislación, no queda otra que presupuestarla e intentar recaudarla pese a los problemas.

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