Los bomberos estudian protestar por la sentencia de Eloy trabajando a reglamento

Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incedio de la calle Uría de Oviedo. /MARIO ROJAS
Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incedio de la calle Uría de Oviedo. / MARIO ROJAS

Lamentan que tal y como ha fallado la Justicia, «casi cualquier intervención puede ser considerada una imprudencia temeraria»

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

Lo quieren por escrito. Los bomberos de Oviedo estudian iniciar una protesta trabajando a reglamento tras la sentencia que atribuye la muerte de su compañero Eloy Palacio en el incendio del número 58 de la calle Uría en abril de 2016 a su «clara imprudencia temeraria». El fallo ha causado consternación en el cuerpo. De un lado, porque la familia de su compañero -su viuda y sus dos hijos- se queda sin otra ayuda que los 18.030 euros que paga el seguro municipal, después de que el Ayuntamiento de la mano de la aseguradora defendiese en el juicio que la muerte se debió a su «exclusiva responsabilidad», por lo que no había lugar a indemnización. De otro, porque entienden que tal y como está redactada la sentencia, «casi cualquier intervención puede ser considerada 'imprudencia temeraria'», explica el delegado de Prevención y uno de los impulsores de la protesta, Manuel Díaz Freire.

Lejos de pensar en los grandes siniestros, por fortuna poco frecuentes, Freire pone un ejemplo más prosaico, del día a día: «¿Qué conductor se saltará ahora los semáforos para llegar antes a una intervención?». Manejar una autoescala, con un peso de 15 toneladas, por las calles de Oviedo y sin respetar la señalización o los semáforos es algo que los bomberos hacen prácticamente todos los días.

Ante esta situación, los agentes se reunirán de nuevo en asamblea este lunes para fijar una postura común: «Vista la defensa esgrimida por el Ayuntamiento para librarse de toda responsabilidad en la perdida de dos edificios en el centro de la ciudad y de la muerte en acto de servicio de uno de sus trabajadores, como medida preventiva y urgente procedería por parte de la totalidad de la plantilla del SEIS, la exigencia del cumplimiento estricto de la normativa laboral, de salud y seguridad así como la rigurosa aplicación de las disposiciones de los convenios y acuerdos vigentes».

«El objetivo final será protocolizar todos los aspectos de las funciones de los bomberos, dándoles seguridad jurídica y unidad de criterios en la práctica profesional», señala Díaz Freire. Estos protocolos deberán de solventar los conflictos de intereses que se puedan generar para su cumplimiento y, en tanto, no se aprueben, los funcionarios optarán, en cada caso, por realizar sus funciones priorizando su integridad física y seguridad jurídica, explica.

No son cosas menores. La jueza del Social 2 consideró que, pese a que no había ningún mando en Uría cuando Eloy Palacio y su compañero Juan Carlos Fernández se bajaron de la cesta al forjado desde el que cayeron minutos después, ni tampoco constancia firme de que el bombero fallecido recibiese la orden de no bajarse del brazo articulado -«los testimonios son contradictorios», dice el fallo-, el único responsable de su muerte es el propio Palacio.

Esta nueva medida de presión, trabajar a reglamento, se sumaría a la movilización anunciada ya antes de la sentencia para el próximo día 3 de abril, cuando los bomberos han llamado a los ovetenses a manifestarse desde el lugar del incendio donde perdió la vida Eloy Palacio hasta el Pleno ordinario que se celebra esa misma tarde.

El fallo, que achaca a Palacio«desobediencia a la instrucción recibida y reiterada» de atacar el fuego desde el exterior y sostiene que no era «exigible un grado mayor de diligencia» a los mandos del operativo «ante la clara imprudencia temeraria del trabajador fallecido», tan solo ha hecho que avivar el descontento y amenazar con hacer muy difícil el funcionamiento del servicio.

La familia, que presentará un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, reclamaba 230.000 euros más los daños morales ocasionados y el lucro cesante. En total, 600.000 euros. El Ayuntamiento y la aseguradora mantuvieron que la muerte del bombero se debió «en exclusiva» a su «exceso de confianza» y que, en caso de ser condenados, la indemnización no pasase de 393.000 euros.

Estrategia por miedo

La estrategia municipal no es inquina contra el trabajador, es miedo. A la reclamación de la familia, hay que sumar otras 18 patrimoniales en vía administrativa por los daños causados por el fuego y que deberán resolverse antes del día 16. Entre ellas, el Ayuntamiento se enfrenta al pago de los dos edificios destruidos -Uría, 58 y Melquíades Álvarez, 25-, el lucro cesante de los alquileres de las oficinas, de los negocios cerrados o de los despachos trasladados. Admitir que no hubo agua, que no existía una base de datos ni se revisaban los hidrantes, que la dirección del operativo fue cuando menos confusa -se llegó a pedir que un helicóptero del Principado descargase sobre el edificio- puede costar muchos millones de euros.

Hasta el momento, la Administración y los tribunales le han dado la razón. Quizás, demasiado deprisa. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales o la Inspección de Trabajo informaron en días en contra de los trabajadores siniestrados. La Fiscalía pidió el archivo en horas y la jueza lo dictó una semana más tarde. El recurso ante la Audiencia, también fue despachado rápidamente. Nadie esperó por el informe de la Policía Científica, que señalaba los posibles fallos.

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