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Carmen Caballero: «Quien manejaba toda la trama de Olloniego era el alcalde»

Carmen Caballero: «Quien manejaba toda la trama de Olloniego era el alcalde»

La exedil socialista exculpa a Alberto Mortera y a los técnicos acusados en el juicio por prevaricación y apunta en su lugar a Gabino de Lorenzo

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Martes, 24 de abril 2018, 00:21

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La constructora Urvisa adquirió un solar, numerado B-16, de 16.000 metros, en Olloniego con tres compromisos: no revenderlo en dos años tras su adquisición en 2003; desarrollar el proyecto industrial presentado; y cumplir con los planes para reactivar el empleo en la zona. Nada de esto se cumplió. Resolver por qué en dicho solar la constructora solicitó una licencia para dos naves y acabaron construyéndose diecisiete y revendiéndose la parcela a Bitácora 2000 se está convirtiendo en el gran misterio que envuelve el proceso judicial en el que el fiscal solicita para el exconcejal del Partido Popular, Alberto Mortera, y otros dos técnicos municipales siete años de inhabilitación para cargo o empleo público por un presunto delito de prevaricación.

Ayer tuvo lugar la tercera de las cinco sesiones que se están celebrando en el Juzgado de lo Penal número 2. Una sesión que se cerró con la declaración de la exconcejala del PSOE, Carmen Caballero. Ella fue quien denunció las presuntas irregularidades que han dado lugar a la vista oral y apuntó directamente al exalcalde Gabino de Lorenzo como responsable de todo el entramado.

Sus palabras dieron un giro de 180 grados sobre los presuntos responsables de la trama de la parcela de Olloniego. La sorpresa llegó cuando la defensa de Alberto Mortera, ejercida por el letrado José Antonio Moreno, preguntó a la exedil por la supuesta trama urdida entre Mortera y la responsable de Patrimonio, que redactó un informe para revocar la concesión de la parcela tras la denuncia interpuesta por Caballero. La exconcejala señaló que los verdaderos responsables de todo el proceso, derivado de la concesión de la licencia de obra y la devolución del aval a Bitácora 2000, cuando no era la adjudicataria de la parcela, no son los que se están juzgando actualmente. «La trama no está dentro de esta sala, está libremente por ahí porque quien manejaba todo era el alcalde», aseguró Caballero poniendo el dedo acusador directamente sobre Gabino de Lorenzo y exculpando, a su manera, a los procesados. Lo hizo porque, afirmó, era el propio alcalde quien «cambió los concejales a su conveniencia» y también era quien «creaba un ambiente tóxico y de presión entre los funcionarios», aseveró Caballero. «En Olloniego se planteaba un proyecto industrial para crear empleo con fondos europeos y lo que se hace son 17 naves para venderlas al mejor precio», reseñó. Unas afirmaciones que le valieron una llamada de atención por parte de la jueza que le recordó que «como testigo estas declaraciones no proceden».

Expedientes vedados

La exconcejala tildó de «gestión opaca» todo el proceso relacionado con la venta de la parcela a Urvisa. «Tras la denuncia tuvimos muchas dificultades para consultar los expedientes», enfatizó. Ante esta cuestión, la defensa de uno de los técnicos municipales procesados, insistió en conocer quién impedía los accesos a los expedientes. «El equipo de gobierno», aseveró Caballero para luego concretar que eran los «funcionarios» quien no les permitía comprobar los expedientes porque «eran las órdenes».

En la sesión de ayer también testificó exconcejal de Urbanismo, José Agustín Cuervas-Mons, ahora diputado en la Junta del Principado. Justificó la ausencia de control en las parcelas del polígono de Olloniego a raíz de la disolución de Gesuosa que aseguró «generó cierto desorden» que derivó en la concesión de la licencia de obra y la devolución del aval a Bitácora 2000, cuando no era la adjudicataria de la parcela y a pesar de que una de las condiciones que impuso el Ayuntamiento era la imposibilidad de vender la parcela en dos años.

Reconoció que nunca recibió instrucciones concretas sobre el proyecto ni se estableció un procedimiento especial para los expedientes. Argumentó que la Concejalía de Licencias tenía un volumen «elevado» de trabajo llegando a tramitar «entre 2.300 y 2.700 expedientes de obra al año», por lo que «no se podía analizar todo en profundidad».

Ayer también testificó el exedil delegado de Patrimonio del PP. Iván de Santiago explicó que autorizó la devolución del aval tras pedir a Licencias un informe que acreditaba que la empresa tenía licencia de actividad y la obra estaba ejecutada. El juicio continúa mañana.

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