Condenan a los jefes de Cubo Express por hacer contratos bajo identidades falsas

Muestra de apoyo a los operarios el día de la vista. / PABLO LORENZANA

La magistrada del juzgado de lo Penal les absuelve, en cambio, de un delito contra los trabajadores al no hallar pruebas suficientes

J. C. A. OVIEDO.

Con la muerte de Steven Owusu en 2008, el trabajador senegalés que final y fatalmente resultó ser Mandaw Diagne, se descubrió que la empresa Cubo Express, una de las contratas encargada del reparto de cubos de la basura en la ciudad, empleaba a operarios en situación irregular en España que proporcionaban identidades falsas para acceder al puesto de trabajo.

El anterior es el primero de los hechos probados sobre los que se fundamenta la sentencia que condena a F. J. G. A., A. F. M. y S. O. como dueño y empleados de Cubo Express a seis meses menos un día de prisión por falsedad en documento oficial, además de una multa pecunaria de tres euros durante seis meses menos un día.

No obstante, del delito contra los derechos de los trabajadores que también se les imputaba, la magistrada del Juzgado de los Penal número 2, María Elena González, no encuentra suficiencia en las pruebas aportadas por la defensa.

En contra de lo que afirmaban los demandantes, en la sentencia se considera que la empresa proporcionó formación en prevención de riesgos laborales, así como equipos de protección individual. Tampoco pudo se pudo probar en el juicio el trato denigrante a los trabajadores.

La magistrada se extiende en la parte expositiva para concluir que el Derecho Penal «sanciona situaciones de explotación que integran ilícitos laborales», cuyo bien jurídico son los «intereses concretos y generales que protegen la relación laboral». Esto es, que en las pruebas practicadas, si bien los ocho trabajadores personados trabajaban bajo identidades que no eran las suyas y que sus superiores lo sabían, «no cabe concluir que las condiciones de los contratos de trabajo suscritos supusieran un perjuicio para sus derechos laborales».

Es más, prosigue, «sin que se acredite prueba alguna tendente a acreditar la existencia de una situacion de explotación laboral», los operarios «coadyuvaron a la perfección de los contratos bajo identidades falsas». La magistrada concluye que tampoco tenían razón para ello porque más adelante obtuvieron permiso de residencia y trabajo. A favor de los procesados, jugaron, también, las dilaciones indebidas que sufrió la instrucción. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación.

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