El Consistorio pide «daños morales» a la procuradora del pleito de la Recaudación

G. D. -R. OVIEDO.

Después de meses de remar y pelear para remunicipalizar el servicio de Recaudación, el pasado 21 de marzo, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó la obligación del Ayuntamiento de subrogarse a la plantilla de la contratista del servicio. 29 de sus trabajadores se incorporaron a la plantilla como personal laboral indefinido no fijo. Cabía recurrir en casación ante el Supremo el fallo y así lo aconsejaban los informes jurídicos. La junta de gobierno acordó apelar al alto tribunal el 31 de marzo, pero el recurso no es que no haya prosperado es que ha sido directamente inadmitido por haberse presentado fuera de plazo. Ahora el Ayuntamiento exigirá responsabilidades a la procuradoría madrileña a la que un informe de Abogacía Consistorial parece atribuirle el error con los plazos. «Como consecuencia de un descuido o una falta de coordinación y/o previsión, el recurso de casación que esta Corporación había acordado interponer», reza el acuerdo de la junta de gobierno a propuesta de la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, «ha sido inadmitido, como consecuencia de su extemporánea presentación».

«Tal circunstancia ha generado un perjuicio a los intereses municipales, al verse privada esta administración de la posibilidad de obtener una sentencia por parte del Tribunal Supremo favorable a sus pretensiones en un litigio de especial trascendencia», el sostenido frente a los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación, dice el informe. Por ello, «no es necesario acudir a un juicio sobre la prosperabilidad» del recurso que no se llegó a presentar, pues la indemnización debe fijarse en función «del perjuicio o daño moral sufrido por la pérdida de la oportunidad procesal que comporta la posibilidad legal de acudir una instancia superior para mantener determinadas pretensiones que se consideran de justicia».

La propuesta no cuantifica los daños ni la cuantía económica que se le reclama, pues se limita a notificar a esta procuradoría con la que trabajan habitualmente los servicios jurídicos municipales en Madrid, la apertura del expediente «a fin de que proceda a indemnizar al Ayuntamiento de Oviedo».

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