El Contencioso avala la supresión del servicio y el cierre de El Asturcón

Una usuaria de El Asturcón atiende a uno de sus caballos. / MARIO ROJAS

Considera que el Ayuntamiento motivó debidamente el acuerdo y que entra dentro de la «potestad» municipal organizar sus servicios

G. D. -R. OVIEDO.

El Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Oviedo acaba de avalar el cierre del centro ecuestre El Asturcón y la supresión de los servicios de estabulación de caballos que acordó, no sin polémica, el equipo de gobierno el 29 de abril del año pasado. El magistrado Juan Carlos García desestima el recurso presentado por los trabajadores de la concesionaria al entender que el acuerdo municipal está debidamente motivado, avalado por un informe del secretario y otro de la sección de Deportes, y que entra dentro de «la potestad de organización del Ayuntamiento» la decisión sobre qué instalaciones deportivas se pueden mantener y cuáles no.

En realidad, el magistrado reprocha a los recurrentes que buena parte de su argumento versa sobre la oportunidad o no de proceder al cierre de las instalaciones, con estudios de costes comparados y otras propuestas, mientras que el núcleo del asunto, lo fundamental, es si el Ayuntamiento vulneró el ordenamiento jurídico al ordenar, tras el fin de la concesión con Urbaser y varias licitaciones fallidas, el cierre de las instalaciones. Concluye que no es así.

Aún así, es extraño, porque el Ayuntamiento no justificó el cierre del centro por un cambio de prioridades, por destinar esos recursos a otro servicio o instalación, sino porque el fin del contrato con Urbaser y la falta de medios propios hacía imposible atender el centro. De hecho, recuerda el magistrado, el acuerdo que se tomó entonces habla del cierre provisional de las instalaciones, justificado con informes veterinarios sobre el mal estado de las pistas.

Más de un año después, aún quedan cinco caballos estabulados en el centro. El equipo de gobierno ha intentado liquidar a sus propietarios el coste de las instalaciones desde su clausura, un total de más de 165.000 euros, pero estos han recurrido. También lo hicieron los trabajadores por despido colectivo y el Supremo rechazó que lo hubiese. Los 13, sin embargo, han presentado demandas en lo Social para que se reconozca su derecho a ser subrogados en la plantilla municipal.

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