El Ayuntamiento de Oviedo convocará las plazas de Recaudación y colaboración social en 2019

En total, el acuerdo alcanza a las 29 plazas que ocupan, tras obligar los tribunales al Ayuntamiento a subrogarlos, los trabajadores de la antigua contratista La Auxiliar de Recaudación, y las 78 de los que prestaban servicio en la Casa Consistorial a través del régimen de colaboración social, sin que se descarte que entren también en la oferta las plazas de los trabajadores del cibercentro de La Lila y otras pendientes de otras áreas y contratas.

De hecho, aunque en este caso la decisión sea política -un acuerdo entre sindicatos y el gobierno local-, se trata de una obligación legal que el Ayuntamiento nunca ha cumplido, hasta el punto de que suma más de 300 trabajadores en plazas creadas por sentencia judicial. Como adelantó ayer este diario, el TSJA, en el fallo que declara improcedente el despido de los doce trabajadores de El Asturcón, recuerda al equipo de gobierno esta obligación. El fallo del alto tribunal asturiano razona que «si se admitiese» a los trabajadores «tampoco operaría la consolidación pues la entidad local demandada integraría» a estos como personal indefinido no fijo, «al estar obligada a convocar las correspondientes pruebas selectivas mediante procedimientos reglados y con respeto a los principios de igualdad, capacidad y mérito establecidos» en la Constitución.

Después de décadas de inacción y de dejar hacer por parte de los sindicatos municipales, en 2014, el equipo de gobierno, presidido por Agustín Iglesias Caunedo, pactó con los representantes de los trabajadores (dentro de las negociaciones de una nueva relación de puestos de trabajo) que no habría más tolerencia. La medida 'indultó' a los más de 150 trabajadores que ya habían entrado por la puerta de atrás; pero comprometía al gobierno local a que, en caso de nuevas sentencias que consolidasen personal, se estudiaría si se trataba de puestos estructurales o no. En el primer caso, se sacarían a oferta pública de empleo al año siguiente y, en el segundo, se indemnizaría al trabajador y se amortizaría la plaza.

La letra sonaba muy bien, pero estaba llena de matices. El primero, ese pacto de olvido sobre 150 trabajadores que ocupan una plaza que, dice la ley, deberían ser cubiertas a través de las «correspondientes pruebas selectivas mediante procedimientos reglados y con respeto a los principios de igualdad, capacidad y mérito establecidos» en la Constitución. El segundo, determinar qué plazas eran o no estructurales, dejaba en manos del criterio voluble de la casa municipal el futuro de esos puestos.

La única trabajadora de Jovellanos XXI ganó su pleito al Ayuntamiento poco después del acuerdo con los sindicatos. Fue despedida e indemnizada. Pocos meses después, pero ya con el nuevo equipo de gobierno, las telefonistas de Bomberos también se integraron en la plantilla municipal como personal indefinido no fijo. Tres años después, en parte por las denuncias por acoso y otra serie de sentencias, sus plazas, declaradas estructurales, siguen sin salir a oferta pública.

El problema, en cambio, se hizo patente con las sentencias del Plan de Empleo 2015 que se encontró el nuevo equipo de gobierno a los pocos meses de tomar posesión. De entre el centenar de afectados parecía obvio que muchas de las plazas podían ser consideradas estructurales. El PP había usado el programa de emplo para contratar auxiliares administrativos, abogados, arquitectos, técnicos o administrativos para servicios esenciales como Policía Local, Licencias, Urbanismo o Servicios Sociales. Sin embargo, la junta de gobierno votó por el despido y la indemnización de todos. Lo hizo dividida, con Somos absteniéndose en varias ocasiones en las que entendía que eran puestos de trabajo estructurales, pero no encontró quien se lo pusiese por escrito.

Justo lo contrario de lo que ha sucedido esta semana con los trabajadores del cibercentro de La Lila que se integrarán en la plantilla municipal merced a un informe que señala la promoción de las tecnologías de la información como competencia municipal.

La falta de control sobre las contratas y la nula gestión de Personal han desembocado en que el Ayuntamiento haya tenido que leer que el personal de tal o cual dependencia «presta un servicio básico y esencial de la entidad local» en cerca de 330 sentencias, más de 110 solo en el último año. En la abultada cifra, pesa la decisión del TSJA de confirmar como personal laboral de plantilla a los 78 trabajadores de colaboración social que, según el alto tribunal asturiano, prestaban sus servicios en fraude de ley para el Ayuntamiento.

La cifra no ha parado de crecer en los últimos años. Ha pasado de los 150 indefinidos no fijos de plantilla, su nombre correcto, que había cuando el actual equipo de gobierno entró en el Ayuntamiento, a aproximarse a los 330 y suponer casi un tercio de toda la plantilla municipal. Y tiene pinta que los números seguirán creciendo.

El Ayuntamiento está pendiente de si tendrá que subrogarse a los trabajadores de la SOF, por ejemplo, y hay otros servicios prestados por contrata que podrían animarse a demandar y usar una vía por la que han entrado personal en Cultura, Servicios Sociales, Bibliotecas o Bomberos y en la que algunos trabajadores perciben sueldos muy por encima de su formación.