«No dudo de la profesionalidad de Eloy pero defiendo el interés municipal»

Los dos bomberos, en la cesta durante el incendio de Uría el 7 de abril de 2016. / MARIO ROJAS
Los dos bomberos, en la cesta durante el incendio de Uría el 7 de abril de 2016. / MARIO ROJAS

El edil de Seguridad Ciudadana justifica la falta de acuerdo con la familia del bombero fallecido y las actuales deficiencias del área

JUAN CARLOS ABAD OVIEDO.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, se ha sometido esta semana a la petición de que dimita por parte de un grupo de la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que reclamó con pancartas su salida del área tanto por la gestión para aclarar el incendio de Uría y por la falta de acuerdo indemnizatorio y el trato a la familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido, como por las deficiencias y falta de efectivos. Respaldado por el alcalde, Wenceslao López, el socialista salió ayer al paso de las críticas.

Por el momento, el Consistorio rechaza asumir responsabilidades directas en el accidente mortal de 2016. La familia del fallecido solicitaba que se reconociera una deficiente gestión municipal en las labores de extinción del fuego y el pago de 600.000 euros. El Ayuntamiento y su aseguradora le ofrecieron, en cambio, 400.000 euros, pero defendieron ante el juez que fue «exceso de celo» del fallecido. Una falta de entendimiento que abocó al juicio del viernes y que se resolverá mediante una sentencia. Fernández no quiso valorar el litigio abierto, pero defendió que ha mantenido la misma postura «desde el primer momento». «Es una cuestión que debe decidir la compañía aseguradora. Lo único que puedo decir es que acato lo que determine la Justicia», explicó el edil, al tiempo que indicó que «desde el primer día defiendo y respeto la profesionalidad del trabajador. El trabajo de Eloy y de 'Cuni' jamás lo he puesto en duda».

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Sin embargo, el socialista indicó que su labor es velar por el «interés general del Ayuntamiento» en un proceso en el que se encuentra entre la espada que supone un trabajador fallecido en acto de servicio y la indemnización por la que quiere luchar su familia. «Formo parte de un gobierno que no puede actuar en contra del interés general del Ayuntamiento. Sé que es algo difícil de entender aparte de ser muy difícil para un concejal. Por mandato legal no puedo actuar de una manera que genere perjuicio a los intereses generales», explicó.

El socialista también explicó sus palabras en el acto del jueves, en la festividad de San Juan de Dios: «No me voy a acojonar significa que no me voy a esconder. Sabía que iba a haber una protesta y no por ello dejé de ir al acto», explicó el edil, que añadió que «tampoco voy a dejar de explicar qué es lo que sucede ni cuáles son los problemas que afrontamos».

Fernández echó la vista atrás para hablar de las deficiencias. «Podríamos hablar de mucho tiempo, de cómo me encontré el servicio, de las dificultades con los hidrantes o a los problemas para hacer frente a las demandas en la retribución». En cuanto a las mejoras salariales, afirmó que «deben resolverse en una mesa general de negociación. No en un ten con ten con el concejal del área».

«No podemos dar saltos. Hay que ir paso a paso. La situación es que de los tres años -en los que lleva a cargo de Seguridad Ciudadana-, uno hemos estado sin Jefatura de servicio. Esas condiciones no son desconocidas por los trabajadores porque son problemas que vienen de muy lejos y sobre los que antes se guardaba silencio».

Oviedo cuenta con sesenta efectivos operativos. Fernández cifró en su momento en noventa los necesarios para cubrir las necesidades de la ciudad . Aquí, dijo, entra en juego la tasa de reposición. «No pudimos convocar plazas hasta el 28 junio de 2017, cuando se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. El 30 de junio, la junta de gobierno lanzó la oferta con diez plazas, dos días después». «La tasa de reposición existe y no la regula el Ayuntamiento. Es algo que no se puede ignorar», remató.

«Toros desde la barrera»

Por su parte, el sindicato CSIF-SAS se sumó ayer a esa petición de un grupo de bomberos solicitando la dimisión del edil tras un tiempo de «prudencia y silencio en relación al fatal desenlace del incendio de Uría». Considera que no se ha respetado a la familia tras la «muerte de un compañero en primera línea de fuego» y lamentó que tanto Fernández como el alcalde, Wenceslao López, y el entonces jefe de Bomberos, José Manuel Torres, «contemplaban los toros desde la barrera, cómodamente instalados en un balcón frente al siniestro mientras dos bomberos se jugaban la vida».

La solicitud del socialista está justificada, expusieron, en que ha quedado clara la descoordinación de los mandos en el siniestro, «que los hidrantes no cumplen con la eficacia de su función y no hizo nada», el excesivo número de horas en que los bomberos estuvieron expuestos al estrés de la intervención por la falta de plantilla, y «la falta de cumplimiento a la promesa de transparencia», ya que «dijo que iba a levantar alfombras y se ha convertido en un cómplice silente de numerosas irregularidades».

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