Los encausados por el contrato de ASAC recurren para apartar a Somos como acusación particular

En los escritos de defensa remitidos al Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo por las defensas de Sánchez, Huerta y los empresarios todos coinciden en solicitar a la instructora del caso que aparte a Somos Oviedo como acusación particular.

Los argumentos jurídicos en los que se basan inciden en la ausencia de «personalidad» jurídica de la candidatura de unidad popular que cuenta actualmente con seis concejales en el Ayuntamiento de Oviedo y que logró 20.500 votos en las elecciones de 2015. A más, abundan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en el auto de aplicación de la Ley de Partidos por el que se ilegalizó a la formación abertzale Batasuna en el año 2003, y contra la que, entonces, se presentó en la causa el trasunto parlamentario de la heredera de Herri Batasuna. 'Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Albertzaleak Legebiltzar Taldea', no tenía, como grupo parlamentario, personalidad jurídica para hacerlo, según el Tribunal Supremo.

Son argumentos jurídicos sobre los que tendrá que pronunciarse la magistrada, pero el enemigo parece la Fiscalía, que casi dobló la petición de pena que hizo contra los acusados Somos Oviedo. El Ministerio Público pide cinco años de cárcel para el ex jefe de prensa del Ayuntamiento por contratar a dedo a dos periodistas para el servicio de comunicación del Consistorio a través del contrato que este tenía con Asac para el servicio de Modernización, por un presunto delito de falsedad documental. También solicita que se imponga a Sánchez una pena de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público durante nueve años por un delito continuado de prevaricación.

De igual manera, el Ministerio Público también responsabiliza como cooperadores necesarios a los empresarios Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, de Asac Comunicaciones, de los delitos continuados de prevaricación y de falsedad documental, por lo que les pide tres años de prisión. Se da la circunstancia que Maximino Fernández fue condenado el mes pasado a un año y nueve meses de prisión en la sentencia del 'caso Renedo' por cooperar en la operación de desvío de dinero público.

La fiscal también hace responsable de los mismos ilícitos al jefe de Modernización del Ayuntamiento, Ignacio Huerta. Las peticiones de pena de la Fiscalía doblan las de la acusación particular que ejerce Somos Oviedo y han trascendido en el auto de apertura de juicio oral dictado por la magistrada Begoña Fernández, titular de Instrucción 3, que deja el futuro de los acusados en manos de la Audiencia.

El mismo órgano que rechazó sus respectivos recursos de apelación. Los recursos de apelación para la Sección Tercera «no eran admisibles». La fiscal Esperanza González se opuso a ellos al considerar que fue Sánchez quien «contrató de forma directa» a dos periodistas para que desarrollaran funciones «bajo su mando».

Para ello, mantuvo, actuó junto con los dos empresarios de Asac Comunicaciones, «para amparar dicha contratación e intentar justificar que no eran trabajadores del Ayuntamiento» se acudió a elaborar informes falsos «simulando así su inclusión en el expediente administrativo» con documentos «que fueron elaborados y firmados el mismo día pese a llevar fechas diferentes».

La causa suma ya diez tomos, como recalcó la instructora después de rechazar los recursos contra la apertura de juicio oral presentados por los acusados. Los cuatro sostenían que era una cosa menor, que «lo acontecido» es «inocuo e intrascendente» y que la incorporación de estos trabajadores no causó ningún perjuicio a las arcas municipales. La jueza lo obvió. Se limitó a señalar que hay indicios más que suficientes de prevaricación y de falsedad, ya que, tras las denuncias, se habría «reconstruido» el expediente para darle «una apariencia de legalidad». De hecho, los peritos consideran que el legajo con el que los acusados tratan de probar que hubo una modificación de contrato, se hizo «en unidad de acto», toda el mismo día y con el mismo material de escritura, pese a llevar fechas de dos años distintos.

La causa se remonta a 2013 cuando comenzaron a trabajar para el servicio de Prensa del Ayuntamiento dos periodistas a través de la contratista de del servicio de Modernización. Lo hicieron sin que el equipo de gobierno tramitara la pertinente modificación del contrato con la empresa. En su momento fue el grupo municipal de Foro quien presentó la querella que abrió la causa. Ahora se le tiene por desistido. En la acusación popular sigue solo Somos Oviedo, siempre que no sean apartados.