El equipo de gobierno rehúsa a acusar en el juicio por la B-16 de Olloniego

Parte de las naves construidas en la parcela B-16 del polígono de Olloniego. / M. ROJAS
Parte de las naves construidas en la parcela B-16 del polígono de Olloniego. / M. ROJAS

Aprueba por unanimidad no personarse contra los dos funcionarios y el exedil Alberto Mortera porque no se ha calculado los posibles perjuicios

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

El Ayuntamiento, y van tres veces, ha acordado no ejercer la acusación particular contra el exedil de Urbanismo, Alberto Mortera, el responsable de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., y de la jefa de la sección de Patrimonio, M. R. C. F, para los que la Fiscalía pide siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada, por permitir a una empresa revender una parcela, la B-16, del polígono de Olloniego y, pese a ello, acabar devolviéndole el aval.

La junta de gobierno, por unanimidad, ha rechazado la propuesta que el letrado de administración de justicia hizo al Ayuntamiento para personarse en el caso. Lo ha hecho alegando las mismas razones que el PP en 2010, en los albores de la instrucción. El acuerdo de PSOE, Somos e IU cita un informe de la entonces directora general de Asesoría Jurídica en el que se apuesta por dejar la acusación en manos de la Fiscalía, porque «no parece oportuno en este momento que el Ayuntamiento se persone en dicho procedimiento penal». De aquella, había tres ediles del PP imputados.

Siete años después, son tres los acusados a las puertas de juicio y ha cambiado el equipo de gobierno, pero el criterio municipal sigue siendo el mismo con el añadido de que «no consta que se haya procedido a la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios» que se hayan causado al Ayuntamiento. Tiene mérito, porque el expediente y el escrito del Fiscal permiten hacerse a la idea del quebranto sin sacar la calculadora.

No sólo el PP renunció a llevar al Ayuntamiento a personarse contra sus propios concejales, el propio Wenceslao López, una vez elegido alcalde, tomó una decisión: dejar fuera del escrito de acusación del Grupo Municipal Socialista a los tres funcionarios que revisaron la venta en favor de la mercantil Urvisa de la parcela B-16 del polígono de Olloniego. Anunció, eso sí, que mantendría la personación contra los exediles populares.

Casi un año después, las consecuencias de esta decisión salieron a la luz. La Fiscalía eliminó de la lista de acusados a la jefa de Licencias, B. M. C., después hizo lo propio con el exconcejal de Patrimonio y el del Economía, Jaime Reinares, y el Grupo Municipal Socialista ni recurrió la desimputación de los ediles.

Acusados

Según la Fiscalía, «con total desprecio» de las condiciones y exigencias del pliego, y «contando con la aquiescencia de responsables municipales, tanto funcionarios como concejales», Urvisa pudo incumplir «todas las cláusulas, tanto las relativas a la prohibición de venta, como a la de los plazos y a la esencial de la vinculación para el fomento del empleo» tras la compra de esta parcela de 16.000 metros en el polígono de Olloniego. La «aquiescencia» a las maniobras de la empresa para lucrarse con este suelo industrial la pusieron el que fuera concejal de Urbanismo, Alberto Mortera; el funcionario responsable de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., y la jefa de la sección de Patrimonio, R. C. F. A los tres. Para los tres pide siete años de inhabilitación, al aplicarles la reforma del Código Penal que endureció el castigo por el delito de prevaricación del que están acusados.

El caso se arrastra desde 2003, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Urvisa la parcela B-16 de Olloniego con los compromisos de no revenderla, de desarrollar un proyecto industrial (en este caso, dos naves para almacén de materiales) y cumplir con unos plazos estrictos.

Nada de esto se hizo. La Fiscalía resalta la falta de control, las prolongadas ausencias del expediente y los silencios. La licencia de obras no se pidió hasta 2005, cuando ya habían transcurrido los dos años de plazo y la pidió Bitácora 2002, otra empresa que se la había comprado, pese a la prohibición, a Urvisa en 2003. Un año y dos meses después, Bitácora pidió una prórroga de un año de una licencia que ya estaba vencida. Se le concedió en junio de 2006, en virtud de un informe del jefe de Licencias Mayores, que señalaba que se trataba de una obra «parcialmente ejecutada», pero otro informe de diciembre del mismo año decía que «las obras no han comenzado».

Mal, pero el problema se convirtió en un presunto delito cuando la junta de gobierno acordó devolver el aval a la empresa pese a los incumplimientos, en agosto de 2008. Mortera conocía, según el fiscal, que se habían incumplido las condiciones, de hecho, fue el concejal que firmó la licencia en favor de Bitácora. También lo sabían los dos funcionarios, que habrían maniobrado «para dar una apariencia de legalidad» a la devolución del aval «silenciando» los incumplimientos de la empresa.

Algunos son grotescos. La devolución del aval se hizo señalando que la empresa había cumplido el proyecto, cuando en realidad en lugar de las dos naves previstas en la parcela hay construidas 17. O que la parcela se vendiera a Urvisa, la licencia se diera a Bitácora y el aval se devolviera a la primera.

Días antes de hacerse público el escrito de acusación, en febrero de este año, Gabino de Lorenzo cesó a Alberto Mortera, que había dejado el Ayuntamiento en 2011 y seguido al exalcalde hasta la Delegación del Gobierno como su jefe de gabinete.

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