Un error en la prórroga del expediente de Villa Magdalena abre la puerta a su archivo

El palacete de Villa Magdalena, andamiado por las labores de pintura. / ALEX PIÑA
El palacete de Villa Magdalena, andamiado por las labores de pintura. / ALEX PIÑA

El secretario señala que el plazo se amplió sin el aval de la instructora y al margen de los supuestos legales

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

El refranero dice que 'lo que mal empieza, mal acaba'. A la tramitación municipal del expediente de responsabilidad patrimonial de Villa Magdalena le viene como anillo al dedo. Después de la propuesta de archivo de la instructora del mismo el pasado 11 de octubre, la prórroga de dos meses acordada por la junta de gobierno para aclaraciones no se ajusta a derecho, según un informe del secretario general del Pleno, y abre la puerta al archivo definitivo de las actuaciones por caducidad del procedimiento.

El expediente fue impulsado por el alcalde, Wenceslao López, que, tras las reticencias de varios altos funcionarios, acudió a contratar un informe externo a la Fundación Universidad de Oviedo. Al calor del dictamen de esta, López llevó a la junta de gobierno la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial. En el mismo señalaba como posibles responsables a los que fueron alcalde o concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos entre 1998 y 2008, Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo.

Pocas bromas. Los expedientes administrativos, como las multas, acaban con una propuesta de resolución. Si la funcionaria hubiese confirmado los indicios de negligencia que detallaba el informe de la Universidad, los señalados se verían obligados a acudir al Contencioso, mientras aparecían como gente que debía mucho dinero -el informe estimaba los daños causados al Ayuntamiento en 45 millones de euros- a la ciudad.

Nada de esto sucedió. La negativa de varios funcionarios a instruir -pese a ser una obligación legal- expedientes, llevó al equipo de gobierno en 2015 a aprobar un turno rotatorio entre el personal municipal con capacidades jurídicas. El expediente, numerado 2017/97.885, le cayó a Mercedes Díaz Amodia. La funcionaria intentó apartarse. Alegó su relación personal con uno de los posibles responsables -Jaime Reinares-, para solicitar su abstención en el procedimiento. La junta de gobierno la desestimó y la mantuvo al frente.

No eran buenos augurios si lo que pretendía el equipo de gobierno era una investigación exhaustiva y con un nuevo enfoque que llevase a explicar cómo y quién era el culpable de que un edificio semiruinoso y comprado por un empresario por poco más de tres millones de euros le haya acabado costando al Ayuntamiento más de 62. La funcionaria concluyó su trabajo en octubre. Propuso el archivo del procedimiento al entender que lo que se le pedía no era investigar una responsabilidad patrimonial sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable» y que el Tribunal de Cuentas ya había rechazado en dos ocasiones su existencia, la última en 2010, en relación con la expropiación de Villa Magdalena.

Intento de reapertura

La reacción del alcalde fue mostrar su disconformidad con las conclusiones y anunciar que pediría una ampliación del plazo para plantear aclaraciones a la instructora. La junta de gobierno lo hizo el pasado 3 de noviembre sobre la campana -como el expediente se abrió el 4 de mayo, caducaba al día siguiente, a los seis meses- prorrogando el plazo hasta el 4 de enero. Lo hizo mal y el expediente, por tanto, estaría caducado ya.

Al menos así se desprende de un informe del secretario que recuerda que la ampliación de los plazos para resolver y notificar los expedientes es «una medida de carácter excepcional, que requiere de una especial motivación, en especial cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio que puedan provocar resoluciones desfavorables o de gravamen a los interesados». Pues bien, según el informe del alto funcionario, el equipo de gobierno omitió varios pasos esenciales. Lo hizo al margen de la instructora como requiere el Tribunal Supremo en varias y reiteradas sentencias y sin atenerse a los supuestos legales o reconocidos por la jurisprudencia.

Tan solo, entiende el secretario, pueden prorrogarse los plazos atendiendo al número de solicitudes formuladas o al número de personas afectadas por el procedimiento. Eso sí, al tratarse la ampliación del plazo de «un acto de trámite» no es susceptible de recurso, «sin perjuicio», concluye el informe, «de que se puedan alegar los citados vicios» al impugnar la resolución.

El alcalde, en una entrevista en La Lupa de Canal 10, afirmó hace quince días que «la expropiación de Villa Magdalena solo tiene dos salidas: la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas». Ahora el expediente solo tiene dos: declarar y asumir su caducidad o exponerse a su muy probable anulación de seguir adelante. Todo, con el exalcalde Gabino de Lorenzo anunciando que denunciará por prevaricación al alcalde por el informe y con el PP acusándole de presionar a la instructora.

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