El expediente de Villa Magdalena concluye que no hubo responsabilidad patrimonial

El palacete de Villa Magdalena, obra de Juan Miguel de la Guardia. / M. ROJAS
El palacete de Villa Magdalena, obra de Juan Miguel de la Guardia. / M. ROJAS

El equipo de gobierno «respeta pero no comparte» el dictamen y estudia su alcance | Caunedo destaca que no había justificación siquiera para solicitar el informe a la Universidad y pedirá responsabilidades

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

El Ayuntamiento, la ciudad y el bolsillo de sus ciudadanos han acabado pagando más de 60 millones de euros por la expropiación de Villa Magdalena, pero nadie es responsable de ello o, por ser precisos, nadie deberá responder por ello. La instructora del expediente, Mercedes Díaz Amodia, concluye así el encargo que le hizo la junta de gobierno, a instancias del alcalde, Wenceslao López, hace cinco meses para que investigase la posible existencia de responsabilidades patrimoniales en los que fueron alcalde y concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos entre 1998 y 2008 Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo-. Y López termina escaldado.

Díaz Amodia hasta lo subraya en su propuesta. Razona que los límites son esos, los fijados por la junta de gobierno y añade que el supuesto que se le pide aclarar e investigar no es una responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable». Con estos dos mimbres, concluye que el Tribunal de Cuentas, un órgano «tan especializado, que no solo está formado por los propios consejeros, sino que cuenta con numerosos órganos de apoyo como el interventor o el gabinete técnico», ya ha rechazado en dos ocasiones la existencia de responsabilidad contable, «por lo que difícilmente podría esta instructora apartarse de los razonamientos» del mismo.

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Y los razonamientos no han cambiado desde que el PSOE acudió al Tribunal de Cuentas en 2011: todos los pagos hechos por el Ayuntamiento fueron debidos, en cumplimiento de la colección de sentencias judiciales adversas de la expropiación, y que la consignación del justiprecio solo frena la retasación cuando el expropiado «se niegue a recibir el pago», porque cuando existe controversia judicial, «lo que realiza la administración en realidad es un depósito que podría haber evitado o no la retasación, pero que no constituye una verdadera consignación en el sentido del Derecho Civil».

El dictamen critica también algunas de las apreciaciones del encargado a la Fundación Universidad de Oviedo como que obvia señalar a los responsables y las supuestas conductas irregulares y solo se dedica a añadir apostillas a veces «irrespetuosas» y siempre «innecesarias» a las actuaciones que reseña. También al alcalde por lo mismo: no concretar responsables ni conductas, pese a los cual, y a la falta de diligencias previas, da por buena la tarea que le encomiendan a pesar de las limitaciones.

Quien no lo da por bueno es el equipo de gobierno. En un comunicado conjunto de los tres grupos señala que «respeta pero no comparte» la propuesta de resolución del expediente. Insiste en que «se ha producido un daño injustificado y formalmente tasado en 43,8 millones a las arcas municipales», que «la expropiación de Villa Magdalena ha sido un expolio evidente de los bienes y los fondos públicos» que solo en 2017 ha supuesto el pago de 33 millones de euros. Claro que 2017 queda fuera del periodo que mandó investigar el alcalde con su resolución.

El equipo de gobierno anunció además que someterá la propuesta de resolución del expediente al dictamen de la junta de gobierno, en un gesto vacío.

Desde enfrente

De los señalados por el alcalde -Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo- solo el último aprovechó ayer para anunciar que «no es la primera, ni será la última derrota de la caza de brujas del tripartito. Se está demostrando, que todas sus acusaciones son falsas».

Caunedo destaca que ni siquiera había justificación para pedir el informe de la Fundación Universidad de Oviedo para «este circo» porque los funcionarios consideran que «el asunto ha de considerarse materia juzgada». Tras cinco meses de trabajo, los técnicos municipales dan por finalizado el procedimiento con el archivo definitivo del mismo, recuerda, sin encontrar ninguna responsabilidad, ni dar pie a que el asunto sea trasladado a los juzgados. «Todos los señalados obraron de forma adecuada», insiste el líder del PP citando el dictamen.

Caunedo también destaca las críticas de la instructora al informe que el Ayuntamiento encargó a la Universidad de Oviedo y sus conclusiones por «poco precisas, prolijo en los hechos, pero escueto en fundamentos jurídicos. Impreciso e irrespetuoso». «Y que no se equivoque nadie, estas afirmaciones no son del PP, son de funcionarios públicos. Afirmaciones que tienen bastante similitud con la forma habitual de actuar del tripartito: imprecisa, irrespetuosa, prolija en acusaciones y escueta en razones», dice. El líder de la oposición concluye advirtiendo que su grupo pedirá responsabilidades por los gastos en la contratación del informe con la Universidad.

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