La Fiscalía pide cárcel para un senegalés por facilitar permisos de residencia con contratos falsos

El hombre se enfrenta a una pena de dos años y medio de cárcel y otros siete compatriotas a una de un año por presentar la documentación falsa en la Delegación del Gobierno de Asturias

EFEOviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de dos años y medio de cárcel para un ciudadano senegalés acusado de crear una empresa ficticia y de «contratar» a compatriotas para que lograsen el permiso de residencia en España a través de falsos trabajos.

En el banquillo se sentarán además siete personas de la misma nacionalidad, que afrontan una pena de un año de prisión, por presentar la documentación falsa en la Delegación del Gobierno de Asturias, solicitando permiso de trabajo y residencia temporal para estos trabajos inexistentes.

La vista oral está señalada a las 10:15 horas de mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que el principal acusado se dio de alta como autónomo en la Seguridad Social para actividad empresarial de albañilería y pequeños trabajos de construcción desde el 1 de marzo de 2007 al 30 de enero de 2009 y desde el 12 de marzo de 2009 hasta la incoación de las diligencias que dieron origen a este procedimiento, sin que haya realizado ninguna actividad en el sector.

Aprovechando su condición de autónomo realizó ofertas de trabajo por periodos de un año a diversos compatriotas residentes ilegalmente en España con el fin de que las utilizaran para legalizar su situación como trabajadores en el país, pese a que el trabajo que se alegaba en los contratos no existía.

El acusado realizó esta actividad en connivencia con estas personas, quienes presentaban las ofertas en la Delegación del Gobierno de Asturias junto con su solicitud.

En base a estas ofertas falsas, consiguieron permiso de trabajo y residencia inicial temporal en España.

Los extranjeros irregulares eran dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores de la inexistente empresa del imputado y presentaban la documentación falsa en la Delegación del Gobierno de Asturias, solicitando permiso de trabajo y residencia temporal para estos inexistentes trabajos.

Una vez conseguido el permiso de residencia temporal en España, eran dados de baja en la Seguridad Social, evitando hacer más pagos en la misma.

Todos los implicados aseguran que no ha existido pago de cantidad al principal acusado por realizar esta actividad.

Así, según la Fiscalía todos de común acuerdo consiguieron que se otorgara permiso de trabajo temporal a los acusados que, utilizando este procedimiento, presentaron en la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno la documentación falsificada para conseguir regularizar su situación ilegal en España.

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