Oviedo cataloga 3,6 hectáreas de tierras inmatriculadas por la Iglesia

La Casa Sacerdotal, que el Ayuntamiento quiere gravar.
La Casa Sacerdotal, que el Ayuntamiento quiere gravar. / MARIO ROJAS

Oposición y juristas rechazan la pretensión municipal de cobrar impuestos a la Iglesia por algunos edificios, que respalda Izquierda Unida

D. LUMBRERAS OVIEDO.

3,6 hectáreas de terreno, más los respectivos metros cuadrados de los templos, cementerios y algunos locales y viviendas. Eso es lo que la Iglesia Católica ha puesto a su nombre sin título de propiedad (inmatriculación) en el concejo, según se desprende de un informe encargado por el concejal de Interior, Iván Álvarez, cumpliendo con lo acordado en el Pleno del 1 de agosto.

La cifra sale a la luz en medio del polémico anuncio del concejal de Economía, Rubén Rosón, de que el Ayuntamiento cobrará a la Iglesia todos los impuestos municipales por los edificios sin culto a partir de 2019. La portavoz de IU, Cristina Pontón, valoró que para ello habrá que realizar «una recopilación más extensa» que la del informe sobre la que trabajar. Pontón aseguró que «dentro de la legalidad», seguirán «investigando si hay algún bien que se nos escapa y podamos reclamar».

En el informe figuran propiedades tanto en la zona rural (Brañes, Naves, Villapérez...) como en el Oviedo urbano: la basílica de San Juan el Real y las iglesias de La Corte o San Tirso. Las inscripciones se realizaron entre 1991 y mayo de 2015 (en noviembre cambió la Ley Hipotecaria, dificultando estas operaciones) casi siempre con el tecnicismo de «pertenece a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde tiempo inmemorial».

Desde Podemos indicaron que Xixón Sí Puede se puede está estudiando seguir los pasos recaudatorios de Rosón. Foro, sin embargo, cerró la puerta a cualquier apoyo en la región por ser una «ilegalidad» que «no se sostiene». «Esto obedece al sectarismo más puro de Podemos, negar el papel social de la Iglesia en Oviedo denota ceguera política», censuró la presidenta de Foro, Cristina Coto.

También insistió en sus críticas la oposición municipal; el Arzobispado no quiso pronunciarse. Luis Pacho (Ciudadanos) declaró que «la intención del tripartito de legislar por su cuenta nos meterá en más pleitos perdidos». Agustín Iglesias Caunedo (PP) afeó a Rosón que se dedique a «jugar al despiste», que «roza lo ridículo», y desoiga los académicos que la tachan de «inviable», como el profesor universitario Santiago Álvarez, consultado por este diario.

Varios juristas rechazaron ayer las pretensiones de Rosón. El abogado Javier Junceda afirmó que «si se lleva a cabo, va a haber un aluvión de recursos, que van a ser estimados» y el Consistorio debería pagar en costas «el 10 % de lo que reclame». Además, en caso de que siga adelante sin informes técnicos, el edil incurriría «sin duda en prevaricación». Para el profesor de Derecho Administrativo y colaborador de este diario Leopoldo Tolivar «es una desigualdad no razonable que autónomos con una academia tenga, que pagar el IBI y un colegio no lo pague», pero la ley es clara. Valoró que Rosón podría afrontar «responsabilidades civiles» de seguir adelante. El letrado Ramón Fernández-Mijares recordó que «hay muchas sentencias que dicen que a la iglesia no se le puede cobrar, en aplicación del Concordato».

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