El Ayuntamiento de Oviedo inicia el proceso para resolver las reclamaciones por el incendio de Uría

El Ayuntamiento de Oviedo inicia el proceso para resolver las reclamaciones por el incendio de Uría
La placa en recuerdo al bombero Eloy Palacio, fallecido en el incendio de Uría el 7 de abril de 2016 . / ALEX PIÑA

El instructor cita a los afectados para que presenten sus pruebas el jueves en el salón de plenos y aclarar si ha lugar a indemnizaciones

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

El próximo 7 de abril, se cumplirán dos años desde el incendio que destruyó el número 58 de la calle Uría y dañó irremediablemente el 25 de Melquíades Álvarez; es también la fecha tope que tiene el Ayuntamiento de Oviedo para resolver las decenas de reclamaciones patrimoniales presentadas por los afectados ante las presuntas negligencias en las tareas de prevención y extinción del incendio atribuibles a la Administración local. A poco más de un mes para agotar el plazo, el Consistorio iniciará este jueves la fase de prueba del expediente en la que los afectados podrán presentar periciales y proponer testificales.

Entre los que depondrán ya esa mañana se prevé que figuren los concejales responsables de Seguridad y de Servicios Básicos, Ricardo Fernández y Ana Rivas, entre otros responsables y funcionarios cuya testifical han solicitado los afectados. El instructor del expediente, Juan Siñeriz, ha citado a todas las partes a las 9.30 en un salón de Plenos, en el que ayer se trabajaba para preparar los sistemas de grabación.

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Los reclamantes podrán ir acompañados de sus letrados, peritos o técnicos. El instructor les ha emplazado para que insten a los testigos que hayan propuesto a comparecer en la sede municipal a la misma hora y se pueda, de esta forma, practicar la prueba testifical ya ese mismo día, lo que deja cierta incertidumbre.

En el incendio, perdió la vida el bombero Eloy Palacio y resultó herido Juan Carlos Fernández Granda, 'Cuni', que ayer participó en la presentación de la segunda carrera en homenaje a su compañero fallecido. La familia de Palacio, sin embargo, se retiró de la vía administrativa y ha llevado el accidente laboral ante los juzgados de lo Social, como adelantó este diario. Ayer el concejal, Ricardo Fernández, eludió cualquier polémica con la familia: «Ejerce los derechos que considera que son los suyos. Yo no voy a cuestionar nunca a ningún trabajador municipal, al que no he cuestionado nunca, ni a la familia de ese trabajador».

Dinero y procedimiento

Con esa salvedad, el resto de reclamaciones fueron acumuladas en un mismo expediente el año pasado para tratar de aclarar si el Ayuntamiento es responsable de los daños causados por el fuego y en qué cuantía económica, en su caso, deberá resarcir a los afectados. Ese es el problema: el dinero y los afectados.

El procedimiento, en realidad, es idéntico al que se inicia cuando una persona cae en la calle y lo achaca al deficiente mantenimiento de las aceras. El afectado presenta una reclamación patrimonial, en la que pide que se le pague por los daños sufridos. El Ayuntamiento puede requerirle que aporte pruebas o testigos de la caída y después resuelve si paga o no y cuánto, aunque el dinero salga, en realidad, del bolsillo de la aseguradora municipal.

La diferencia es de escala. Aquí, las reclamaciones son decenas y las cuantías muy variables. Hubo quien perdió un edificio, su vivienda o quién tuvo que cerrar su despacho de abogado unos días. La vía penal la cerró la Audiencia el año pasado. Días después llegó el informe de la Policía Científica confirmando la falta de mantenimiento de los hidrantes, su insuficiencia y la deficiente dirección del operativo y a finales de 2017, otro informe municipal achacó la conservación de las bocas de incendio a la concesionaria del servicio Aqualia. También cabe la posibilidad de que, ahora que no hay riesgo de mandar a un compañero a la cárcel, algunos de los funcionarios que intervinieron cambien o maticen la versión oficial, esa de que sobró agua y hubo mando.

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