«Si al llegar hubiéramos metido agua a dolor, habríamos apagado el incendio de Uría»

«Si al llegar hubiéramos metido agua a dolor, habríamos apagado el incendio de Uría»
Juan Carlos Fernández, 'Cuni', tercero por la izquierda, acompañado por varios bomberos y la jefa del Servicio de Extinción de Incendios, Carmen del Prado. / FOTOS ALEX PIÑA

Bomberos que participaron en la extinción contradicen a mandos del operativo

CECILIA PÉREZOVIEDO.

Más de doce horas de comparecencias, más de una veintena de demandantes, casi otros tantos de abogados y un salón de plenos municipal convertido, por primera vez, en una especie de tribunal. Ayer se escucharon las testificales del procedimiento administrativo para resolver las reclamaciones patrimoniales derivadas del incendio que destruyó el número 58 de la calle Uría y dañó el 25 de Melquíades Álvarez. De su resolución se determinará si el Ayuntamiento de Oviedo tiene que hacer frente a las indemnizaciones millonarias en caso de que se demuestre que hubo una deficiencia en la prestación de su servicio durante la extinción del incendio que acabó con la vida del bombero Eloy Palacio e hirió a su compañero Juan Carlos Fernández, 'Cuni'.

El punto caliente de toda la comparecencia se centró en saber si el día del fatídico incendio hubo agua suficiente para hacerle frente. Una vez más, como así ocurrió durante la fase de instrucción del siniestro, las contradicciones entre los mandos del operativo que participaron en su extinción y algunos de los bomberos a su cargo fueron más que patentes. Siete fueron los bomberos que ayer prestaron su testimonio ante el instructor de la causa.

El primero en comparecer en el salón de plenos municipal fue precisamente uno de los responsables del operativo. Según testigos, el subinspector Juan Montes volvió a reiterar que el día del siniestro se contó con agua de sobra y suficiente. Una afirmación que también corroboró un cabo del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento que acudió ayer a testificar.

El exjefe de Bomberos, José Manuel Torres, no compareció por motivos de salud

Nada que ver con lo que se escuchó después en boca de uno de los bomberos que participó en primera línea en las labores de extinción: «Si nada más llegar hubiéramos metido agua a dolor, hubiéramos apagado el incendio pero hay que tener agua y no la hubo». Esta cuestión es clave porque de ella dependerá la resolución de esta testifical sobre si el Ayuntamiento tuvo o no alguna responsabilidad en el desenlace final del siniestro. «Cuando el fuego estaba cascando estábamos sin agua», reiteró. La red de hidrantes no funcionó en Uría ese día, lo que obligó a los bomberos a enganchar las mangueras a bocas de riego con escasa presión para combatir las llamas que se desataron en Uría el 7 de abril de 2016.

No fue solo carencia de agua. Ayer también se habló, de nuevo, de falta de coordinación, de desproporción en la actuación, de medios y de organización. Aquí también hubo versiones contrapuestas. «Hay unas contradicciones muy claras entre los bomberos que testificaron», señaló el abogado Miguel Teijelo que acudió en representación de la propiedad del edificio colapsado.

Lagunas y ausencias

También hubo lagunas. Los «no lo recuerdo» por parte de algunos de los mandos de los bomberos que ayer comparecieron fueron los latiguillos que se escucharon reiteradamente durante la sesión. Una sesión en la que hubo un gran ausente: el exjefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

José Manuel Torres estaba llamado a comparecer pero un problema de salud, que justificó a través de un parte médico, impidió que compareciese en el salón de plenos municipal aunque, según pudo saber este periódico, se ofreció a hacerlo por escrito. Torres era el responsable directo de coordinar todo el dispositivo de extinción como jefe de los Bomberos en el momento aquel 7 de abril. Hoy ya está jubilado.

Otra de las incógnitas que ayer se intentaron resolver fue la situación de los hidrantes de la calle Uría el día de los hechos y de quién era la responsabilidad de su control y mantenimiento. «No es cuestión nuestra revisar los hidrantes, se puede hacer pero no es nuestra obligación porque no teníamos esa orden», explicó uno de los bomberos comparecientes. Si se tiene en cuenta el artículo 7 del pliego de la concesionaria del servicio de aguas, Aqualia, se hace recaer en la empresa «la vigilancia y conservación» y la «verificación periódica del correcto funcionamiento» de toda la red de distribución y, de forma expresa, también de las «bocas de riego e incendios». Una revisión que, según el informe de la Policía Científica, realizado tras el incendio, no se hizo. El documento policial hacía una referencia clara sobre el mal estado de la red de hidrantes y su falta de revisiones y mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

La sesión de ayer concluyó con la declaración de los afectados por el incendio: comerciantes, trabajadores, inquilinos de los edificios siniestrados..., más de una veintena, cuyas reclamaciones se vaticinan millonarias. «Las indemnizaciones que piden mis clientes van desde los 3.000 a los 160.000 euros», explicó el abogado Fernando de Barutell. Más cuantiosa es la de la propiedad del edificio colapsado. Según su letrado, Miguel Teijelo, se acercaría al millón de euros. Su propietario, Carlos Espina, que ayer acudió a la sesión, pero no compareció confió en que «el Ayuntamiento investigue y nos diga qué pasó».

Ahora solo queda esperar a la resolución del instructor que determinará si el Ayuntamiento tiene o no responsabilidad patrimonial. De ser así habrá que determinar el importe a indemnizar pero todas la voces apuntan a que se dirimirá en los tribunales.

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