El interventor negoció el aval de Aquagest sin permiso ni informes

José Luis González. / CITOULA

Un informe del secretario certifica que la decisión de pactar con la empresa la devolución de 800.000 euros se hizo sin orden expresa

G. D. -R. OVIEDO.

En febrero de 2009, el Ayuntamiento acordó devolver avales a la hasta enero de ese año contratista de la recaudación de los tributos locales. Gestión de Ingresos, por importe de casi 800.000 euros. Lo hizo pese a que nueve informes municipales ponían de relieve posibles incumplimientos del contrato que justificaban la incautación de las garantías y la imposición de penalidades. La cuestión se sigue en los tribunales donde están siendo investigados el exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo, y el interventor, José Luis González. Del primero, inquieta a la instructora una serie de viajes -Croacia, Nueva York y Florida- que podrían haber sido pagados por la empresa; del segundo, que no se sabe por qué cambió de criterio e inició una negociación con la empresa que terminó en un convenio transnacional, rubricado por Caunedo a los pocos días de regresar de uno de los viajes, y con la entrega del dinero. Un informe del secretario, al que ha tenido acceso este diario, tampoco encuentra razón.

El habilitado nacional señala que en todo el expediente no consta «orden o autorización» al interventor «para negociar con la UTE Asturagua-Tribugest (Gestión de Ingresos) propuesta alguna de convenio o acuerdo transnacional». En el mismo informe, remitido al Juzgado Número 1 de Lugo que instruye el caso y con testimonio anexo, concluye que ni la directora general de Asesoría Jurídica ni la Tesorería les consta ningún intento de acuerdo, que «no han emitido informe alguno» en relación con el acuerdo con la empresa para devolverle las garantías.

El informe concluye señalando las competencias de la Intervención en la legislación y echándole un capote fallido. Señala que la normativa lo reconoce como un órgano directivo del Ayuntamiento, pero asume que la aprobación de convenios es competencia de la junta de gobierno, «salvo en las materias de competencia exclusiva del Pleno».

El interventor declaró ante la jueza, que por entonces solo investigaba la participación de Caunedo en el enjuague, fue él el que decidió abrir negociaciones con la empresa para llegar a un acuerdo y evitar los recursos contenciosos que Gestión de Ingresos había presentado contra la liquidación del contrato. La instrucción judicial, sin embargo, lleva parada más de un año. La titular del juzgado, Pilar de Lara, centra ahora su investigación en otros municipios que presuntamente amañaron contratos con el grupo Agbar a cambio de viajes y regalos.

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