El juicio contra Mortera y dos técnicos por la parcela de Olloniego comenzará el lunes

Una imagen de la parcela, objeto del juicio. / MARIO ROJAS
Una imagen de la parcela, objeto del juicio. / MARIO ROJAS

La Fiscalía, que pide 7 años de inhabilitación para cada uno, interesa el testimonio de 19 testigos para tratar de probar el trato de favor a Urvisa

G. D. -R. OVIEDO.

El exconcejal de Urbanismo, Alberto Mortera, el funcionario responsable de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., y la jefa de la sección de Patrimonio, R. C. F. A., se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del lunes como presuntos autores de un delito de prevaricación por el que la Fiscalía les pide siete años de inhabilitación a cada uno por favorecer con sus resoluciones una serie de incumplimientos e irregularidades de la empresa Urvisa en la compra y reventa de la parcela B-16 del polígono de Olloniego.

Según el escrito del Ministerio Público, «con total desprecio» de las condiciones y exigencias del pliego, y «contando con la aquiescencia de responsables municipales, tanto funcionarios como concejales» -los tres acusados-, Urvisa pudo incumplir «todas las cláusulas, tanto las relativas a la prohibición de venta, como a la de los plazos y a la esencial de la vinculación para el fomento del empleo» tras la compra del solar de 16.000 metros.

El caso se arrastra desde 2003, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Urvisa la parcela con los compromisos de no revenderla a terceros, de desarrollar un proyecto industrial (en este caso, dos naves para almacén de materiales que, destaca la Fiscalía, presentó sin detalle y en apenas «un folio» ) y cumplir con unos plazos estrictos para llevarlo adelante.

Nada de esto se hizo. La Fiscalía resalta la falta de control, las prolongadas ausencias del expediente y los silencios. La licencia de obras no se pidió hasta 2005, cuando ya habían transcurrido los dos años de plazo y la pidió Bitácora 2002, otra empresa que se la había comprado, pese a la prohibición, a Urvisa en 2003. Un año y dos meses después, Bitácora pidió una prórroga de un año de una licencia que ya estaba vencida. Se le concedió en junio de 2006, en virtud de un informe del jefe de Licencias Mayores, que señalaba que se trataba de una obra «parcialmente ejecutada», pero otro informe de diciembre de ese año decía que «las obras no han comenzado». Mal, pero el problema se convirtió en un presunto delito cuando la junta de gobierno acordó devolver el aval a la empresa, pese a los incumplimientos, en agosto de 2008. Mortera, sostiene la Fiscalía, conocía que se habían inclumplido las condiciones porque, de hecho, firmó la licencia en favor de Bitácora 2002.

También lo sabían los dos funcionarios, que, según el fiscal, habrían maniobrado «para dar una apariencia de legalidad» a la devolución del aval, «silenciando» los incumplimientos de la empresa y permitiendo todos ellos.

La investigación se inició a instancias de una denuncia del Grupo Municipal Socialista en 2009, que fue archivada dos veces y tan solo «revivió» en 2013, tras una detallada investigación del fiscal Alejandro Cabaleiro. Sin embargo, los socialistas renunciaron a mantener la acusación contra los funcionarios en 2016, tras alcanzar la Alcaldía y, ya en noviembre pasado, el equipo de gobierno también declinó la invitación del juzgado al Ayuntamiento para personarse como posible perjudicado. Durante la instrucción, se archivaron las diligencias contra el exconcejal de Patrimonio, Iván de Santiago, y el exedil de Licencias, Jaime Reinares, y contra la jefa de la misma sección, B. M. C.

El juicio se celebrará a partir del lunes en el juzgado de lo Penal 2. Está prevista la comparecencia de 19 testigos, entre ellos varios exconcejales del PP, y que la vista se prolongue hasta el día 25.

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