El juicio a Mortera y dos técnicos arranca con el testimonio de los empresarios

Las 17 naves construidas donde solo debería de haber dos. / M. ROJAS
Las 17 naves construidas donde solo debería de haber dos. / M. ROJAS

Los responsables de Urvisa y Bitácora 2002, presuntos beneficiarios de la actuación de los acusados, comparecen esta mañana

G. D. -R. OVIEDO.

«Lo que hice está mal hecho, fue un error, pero casi involuntario. Entonces no podía y se la cedí a tres amigos. No gané un duro». El fundador de la desaparecida constructora Urvisa, José Luis López, explicó así a este diario, hace la friolera de de 9 años, los motivos por los que cedió a Bitácora 2002, pese a que lo prohibían las bases, la parcela B-16 del polígono de Olloniego. Según su versión, carecía de recursos para desarrollar las naves previstas y en el cambalache no obtuvo beneficios.

Hoy está citado junto a varios de sus familiares que ocupaban cargos de responsabilidad en la empresa, a las 9.30 de la mañana, en el Juzgado de lo Penal 2, para repetir esta o contar una nueva versión de un asunto complejo, pero en el que la Fiscalía no tiene dudas: pide siete años de inhabilitación para el que fuera concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, y para dos funcionarios - el responsable de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., y la jefa de la sección de Patrimonio, R. C. F. A.- como presuntos autores de un delito de prevaricación. Acusa a los tres de favorecer con sus resoluciones la serie de incumplimientos e irregularidades que permitieron a Urvisa transferir el suelo a Bitácora 2002 y que, en lugar de las dos naves para almacén de materiales de construcción, sobre el solar se levante 17 en venta y alquiler.

A las explicación de los responsables de Urvisa, está previsto añador hoy también la de los socios de la segunda empresa, entre ellos una hija de González, pero también los de Verde Oviedo, una inmobliaria de los Saenz de Miera, con la que Urvisa mantenía una estrecha colaboración en aquellos años en varios proyectos.

Serán los seis primeros testigos de una lista que se aproxima a la veintena y que irán declarando hasta el próximo día 25. En la relación, destacan altos funcionarios: como la hoy jefa de Disciplina Urbanística, la jefa de Interior y el jefe de Abogacía Consistorial. También varios excompañeros de Corporación de Alberto Mortera, como los populares Jaime Reinares, Agustín Iglesias Caunedo, Óscar Cuetos, José Agustín Cuervas-Mons e Iván de Santiago, pero también la entonces edil socialista que denunció la operación, Carmen Caballero.

Según el escrito del Ministerio Público, «con total desprecio» de las condiciones y exigencias del pliego, y «contando con la aquiescencia de responsables municipales, tanto» de Mortera como de los funcionarios, Urvisa pudo incumplir «todas las cláusulas, tanto las relativas a la prohibición de venta, como a la de los plazos y a la esencial de la vinculación para el fomento del empleo» tras la compra del solar.

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