La junta de gobierno decide hoy el futuro de la plantilla del Cibercentro de La Lila

Federico Fernández. /
Federico Fernández.

Una sentencia de lo Social estima las demandas de los trabajadores, que esperan que el Ayuntamiento les subrogue en el servicio

JUAN CARLOS ABAD OVIEDO.

La junta de gobierno local, en reunión extraordinaria, decidirá hoy qué hacer con los cuatro trabajadores del Cibercentro de La Lila despedidos en 2017. Entonces, Intervención puso reparos en el convenio que existía entre el Consistorio y la Asociación Amigos de Internet para la gestión del servicio. El colectivo, sin ánimo de lucro, no recibía beneficio alguno más allá del salario de los trabajadores.

Para subsanar esos reparos, el Ayuntamiento cortó por lo sano el convenio y licitó un contrato por cuatro años para la gestión del Cibercentro. En los pliegos se obligaba de mano a subrogar a los trabajadores. Al concurso solamente se presentó una consultoría de servicios en internet que finalmente desistió de firmar el contrato porque, de igual modo que ocurría con la asociación y el anterior convenio, el nuevo contrato solo cubría el salario de los empleados. Al verse sin trabajo, los empleados, con quince años de antigüedad en el puesto, demandaron al Ayuntamiento.

La semana pasada el Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo estimó parcialmente la demanda de un trabajador y sentenció al Consistorio bien a readmitirlo como personal indefinido en su RPT, bien a indemnizarle con casi 26.000 euros. Las cantidades reclamadas por los otros tres, en el caso de que el Ayuntamiento decida no subrogar la plantilla y no reabrir el servicio, también se acercan a esa cifra.

«El éxito para el Ayuntamiento con la subrogación del personal de la oficina de Recaudación, de la que se cumple un año, indica que remunicipalizar servicios no tiene por qué ser mala y estamos en un caso similar», explica el abogado de los trabajadores Federico Fernández Álvarez-Recalde, que se muestra optimista acerca de una resolución en la misma línea.

Aduce el abogado razones para que finalmente el Ayuntamiento opte por readmitir a los trabajadores en vez de recurrir la sentencia. «Primero, es un servicio público necesario y el equipo de gobierno y el resto de partidos siempre se han mostrado favorables a ello», explica. «Segundo, el precio de los sueldos es más barato que las indemnizaciones y, por otro lado, la ley no prohibe contrataciones vía sentencia judicial», añade Fernández, que aclara que «esto no supone perjudicar a una futura oferta pública de plazas porque no son funcionarios». Luego está la parte social, lo que supondría para el Ayuntamiento «dejar a cuatro trabajadores de 50 años en la calle».

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