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El esqueleto paralizado del fallido spa de Ciudad Naranco. ALEX PIÑA
El juez rechaza que exista «desviación de poder» en la liquidación del spa del Naranco

El juez rechaza que exista «desviación de poder» en la liquidación del spa del Naranco

Dice que la decisión de no continuar las obras fue correcta; mientras la liquidación sigue pendiente del Tribunal Supremo

GONZALO DÍAZ-RUBÍN

OVIEDO.

Viernes, 15 de junio 2018, 03:36

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Todo al Supremo. La liquidación, cuánto pagará -si tiene que hacerlo- el Ayuntamiento por el esqueleto del spa de Ciudad Naranco, se verá en el alto tribunal, pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Oviedo ha rechazado el recurso de la promotora del centro deportivo, Naranco Wellnes (la UTE integrada inicialmente por Contratas Iglesias, El Caleyo, Jesús Martínez Cionstruccionesy Gaia Gestión Deportiva) contra los acuerdos municipales para rescindir el contrato; y también ha descartado que los miembros de la junta de gobierno -entre ellos el alcalde Wenceslao López y la vicealcaldesa Ana Taboada, que fueron citados a declarar en noviembre del año pasado- hubiesen incurrido en «desviación de poder», tomar decisiones, aunque sean legales, para evitar el cumplimiento de la legalidad cuando acordaron no continuar las obras donde las dejó la empresa.

El fallo del magistrado Jorge Punset descarta que la decisión del equipo de gobierno de renunciar a continuar las obras, paradas desde 2008, tal y como estaban proyectadas esté «viciada por una desviación de poder». El auto recuerda que para poder apreciar tal ilícito debería de tratarse de «un acto administrativo ajustado en sus requisitos extrínsecos a la legalidad, pero afectado de invalidez por contradecir en su motivación el sentido teleológico de la actividad administrativa».

Punset concluye que, en estos autos no se llega a apreciar la alegada «desviación de poder que la actora», representada por el abogado Miguel Teijelo, «imputa a la Administración demandada». Y es duro, considera que «ninguna prueba obra en autos que muestre un comportamiento de la Junta de gobierno (...) del tenor que se le reprocha». Y abunda que la decisión de apostar por la 'opción B', no continuar las obras, era «adecuada para los intereses públicos, y en ningún momento se aprecia como injustificada o arbitraria ya que está amparada por los informes técnicos obrantes en el expediente».

Lo cual no obvia para que lo sustancial, los dineros que reclama el liquidador de la promotora del complejo Naranco Wellness, no tengan nada que ver con este recurso. La liquidación del contrato se ve, en otra pieza, ya ante el Supremo. Forzado por los tribunales, el Ayuntamiento aprobó una tercera propuesta de liquidación del contrato el pasado agosto en la que, partiendo de la valoración de las obras ejecutadas (3,3 millones de euros), contraponía unos daños y perjuicios por 4,7 millones de euros. De ellos, 2,9 millones por la inversión pendiente y otros casi 1,8 por la «indisponibilidad del equipamiento» durante todos estos años. La cifra se mitiga con la garantía de 550.000 euros, ya incautada por el Ayuntamiento hasta los 4,2 millones y los intereses devengados y deja un saldo, sobre el papel, favorable a las arcas municipales de algo más de 800.000 euros.

La cifra está contestada en los tribunales, pero solo es uno más de los entuertos municipales tras la crisis a cuenta de los contratos de obra y concesión, a los que anteriores equipos de gobierno fiaron la obtención de hasta 11 equipamientos públicos que no costarían ni un euro al Ayuntamiento porque los construirían sobre solares municipales empresas que recuperarían la millonaria inversión mediante su explotación. La crisis arrasó con todos

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