Mortera afirma que no conocía las condiciones del polígono de Olloniego

Alberto Mortera, durante el juicio. / ÁLEX PIÑA.

«Nuca estuve en la zona salvo para actos políticos»

JUAN CARLOS ABAD

El que fuera concejal de Urbanismos del Ayuntamiento, Alberto Mortera, desconocía las condiciones que gravaban los terrenos del polígono de Olloniego en el momento de la compra y reventa de la parcela B-16. De hecho, por lo declarado este lunes en sala, durante el jucio por el que la Fiscalía le pide siete años de inhabilitación por prevariación, Mortera no sabía nada de lo que hacían los funcionarios de su departamento en los que confió como «buenos profesionales».

Es más, el propio Mortera afirmó que nunca estuvo en Olloniego o las inmediaciones salvo para actos políticos «una en el polideportivo de Tudela Agüeria y otra en unos estudios de cine que no se si funcionan todavía. La tercera, después de todo esto, en la escuela de Hostelería», afirmó. Todo un logro después de haber sido miembro del consejo de Gesuosa, la empresa que gestionaba el suelo de la ciudad cuando era concejal socialista y posteriormente, a partir de 2007, cuando saltó a las filas del PP para hacerse cargo de Urbanismo, Licencias y Patrimonio de las que, a preguntas del Fiscal, llegó a afirmar que su responsabilidad como concejal de gobierno se limitaban a las de mero comercial: «encontar a gente para comercializar las parcelas. Los concejales de gobierno no decidemos que se firma».

En 2003 el Ayuntamiento adjudicó a la constructora Urvisa la B-16, un solar de 16.000 metros con tres compromisos que gravaban la parcela. No revenderla en dos años tras la adquisición, desarrollar un proyecto industrial y cumplir con los planes presentados para reactivar el empleo en la zona. Cabe destacar que el proyecto del polígono contó con fondos mineros para tal efecto.

Pese a que el proyecto se embarrancó –la licencia de obra se concedió en 2005– nada hacía sospechar que como cree el Fiscal, hubo funcionarios, aparte del propio Mortera, que maniobraron para favorecer a la empresa. O las empresas. «Las alarmas saltaron» en expresión empleada por el ex edil, en una junta de gobierno de 2008 cuando se firma la devolución del aval depositado por Bitácora 2002, una mercantil diferente. Además el proyecto había cambiado, de dos naves a un puñados más.

En la causa están imputados el responsable de licencias mayores del Ayuntamiento J. R. d. L. C. y la jefa de la sección de Patrimonio, M. R. C. F. que también depusieron ayer. Entre ambos departamentos se cocinó el informe de devolución del aval que firmaron los concejales de gobierno y que ha traído a Mortera y los dos funcionarios al Juzgado de lo Penal número 2. Para ellos también se piden siete años de inhabilitación.

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