Cientos de multas de Tráfico de Oviedo prescriben por la imposibilidad de notificarlas en plazo

Un agente de la Policía Local controlando el tráfico en la ciudad.
Un agente de la Policía Local controlando el tráfico en la ciudad. / PIÑA

El recurso de Correos contra la adjudicación de los servicios postales impide a la Policía Local comunicar las sanciones

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

No es culpa de la Policía Local de Oviedo, pero cientos, tal vez miles, de conductores se van a librar de tener que abonar la sanción de tráfico correspondiente por haber prescrito el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento. Los problemas comenzaron el pasado mes de agosto. Tres sociedades se disputaban el contrato de servicios postales del Ayuntamiento: Unipost, Correo Inteligente Postal y la sociedad estatal de Correos y Telégrafos. La última, histórica adjudicataria del servicio, había vuelto a presentar la oferta más económica (una baja del 34%) y la mesa de contratación propuso encomendarle de nuevo el contrato. Sin embargo, un informe de Tesorería, señalando que Correos debía un puñado de euros a las arcas municipales, frenó la adjudicación y la hizo recaer en la segunda mejor oferta, la de Correo Inteligente Postal. Correos recurrió a los tribunales y el servicio quedó en el aire y con él todos los envíos oficiales del Ayuntamiento.

Todos y en la peor fecha posible. A agosto le sigue septiembre, mes en el que empieza el periodo de pago voluntario del IBI, el principal impuesto municipal. Hubo reuniones y algunas tensiones con Tesorería -un edil llegó a exponer a la jefa de la sección que cumpliera con su deber comprase sellos y mandase las cartas-, cálculos y problemas, que se cerraron con una disyuntiva: para retomar el servicio el Ayuntamiento solo podía recurrir a un contrato menor, dados los límites de gasto de estos, había que elegir qué recibos se notificaban y cuáles no. Por puro peso económico, el equipo de gobierno optó por priorizar las notificaciones de los recibos del IBI. Como consecuencia, las multas de tráfico de la Policía Local comenzaron a prescribir.

Fuentes del equipo de gobierno admiten la situación, que califican de «temporal», y recalcan que no se trata de un problema del negociado de Sanciones «que ha hecho su trabajo de forma correcta». De hecho, su personal ha sido reforzado con parte de los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación que ganaron su subrogación en el Ayuntamiento el año pasado. Inciden también las mismas fuentes en que en esta situación el Ayuntamiento cumple con su obligación e intenta hacer lo mismo con los trámites administrativos de las sanciones aunque «por las dificultades con este contrato, está siendo imposible en muchos casos».

Plazos

¿En cuántos? La cifra «no es fácil de precisar», señalan desde el gobierno local. La legislación establece distintos plazos para notificar los expedientes sancionadores de tráfico según la gravedad de la infracción. La Ley de Tráfico dice que el plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses para las leves y de seis, para las infracciones graves y muy graves. El reloj comienza a correr a partir del mismo día en que se denuncian los hechos, aunque el plazo de prescripción de la denuncia se interrumpe con la notificación. De no haber mediado la correcta notificación, la sanción habrá prescrito. Es más, según reiterada doctrina judicial, debe ser la Administración la que compruebe si se ha producido o no la prescripción antes de iniciar el procedimiento sancionador, es decir, debe ser el Ayuntamiento el que debe archivar la multa de oficio y dejarla sin efecto, en el caso de esta haya prescrito sin comunicarla de forma oficial al presunto infractor.

En 2016, último año con datos oficiales, el Ayuntamiento tramitó 43.047 denuncias de tráfico. La media son 3.587 cada mes, pero el detalle de sanciones abonadas por meses muestra disparidades notables con meses como julio, en el que se abonaron 5.191 multas, y como en enero en el otro extremo, con apenas 2.440. El número de sanciones abonadas, explica una fuente del servicio, no guarda correlación exacta con el de impuestas, aunque sí bastante aproximada. Ese año, una campaña de control de velocidad multiplicó el número de sanciones por excederse del límite de 50 kilómetros hora en julio, cuando se impusieron 2.640 sanciones con la ayuda de los controvertidos cinemómetros. La campaña explica por sí sola el récord de aquel mes.

La cifra, en cualquier caso, y más el importe sigue siendo difícil de precisar: no todas las sanciones por exceso de velocidad son graves o muy graves y, sin embargo, las 12.412 que se impusieron en 2016 por «no respetar la luz roja de un semáforo» son todas infracciones graves. Solo queda esperar a que el Ayuntamiento resuelva el contrato de servicios postales.

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