El Ayuntamiento de Oviedo deberá pagar 18 millones de euros por el Palacio de Congresos

El palacio de congresos de Oviedo diseñado por Calatrava.
El palacio de congresos de Oviedo diseñado por Calatrava. / Pablo Lorenzana

El Tribunal Supremo inadmite los recursos presentados por el Consistorio y Jovellanos XXI

Gonzalo Díaz-Rubín
GONZALO DÍAZ-RUBÍNOviedo

«El recurso presentado carece manifiestamente de trascendencia casacional». Con esta frase despacha el Tribunal Supremo, desde la reforma del procedimiento, todos aquellos que no tienen interés para la formación de jurisprudencia. El cambio de criterio ha aligerado mucho la carga de trabajo de los 32 magistrados de la sala Tercera del alto tribunal, la de lo Contencioso-Administrativo, pero ha servido también para despachar de un plumazo los recursos de Jovellanos XXI y el del Ayuntamiento de Oviedo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condenó al Consistorio a pagar 18 millones de euros por la liquidación del contrato de ‘los palacios’ en enero del año pasado.

En ese momento, el alcalde, Wenceslao López, defendió la presentación del recurso porque «el Ayuntamiento ya ha entregado en exceso unos valores patrimoniales para ese proyecto, no solo en Buenavista, sino también la parcela de Jovellanos (El Vasco), y consideramos que se ha pagado en exceso ya con la entrega de ese suelo». Ahora, el equipo de gobierno podrá añadir como consecuencia unos cuantos miles de euros de su cosecha en intereses de demora. O no, que la empresa también recurrió. Los administradores echaron números. Lo más probable es que el recurso no prosperase, pero en juego solo había mil euros de costas y el premio era rascar hasta los 96 millones que pedía por el Palacio de Congresos.

Los recursos han sido inadmitidos, el precio a pagar es el mismo, pero eso no quiere decir que no haya consecuencias. La primera es evidente. El presupuesto municipal de este año, aún en trámite, es papel mojado. El año pasado, con el recurso, el Ayuntamiento evitó tener que retocar el proyecto de presupuestos. «No hay decisión todavía definitiva», se explicó entonces el alcalde, «vamos a recurrir en el Tribunal Supremo y hasta que no haya una decisión firme no hay una deuda en firme». Ahora ya no hay más puertas a las que tocar.

Los números del equipo de gobierno ya estaban apurados tras las sentencias que confirman los derechos de los trabajadores de colaboración social, heredados del PP y renovados por esta Corporación (unos 4 millones de euros), pero la inadmisión toca el capítulo de inversiones directamente. De los 34 millones que anuncia el proyecto de presupuestos para 2018, habrá que restar el pago a la empresa y hacer hueco para pagar los intereses de demora, que podrían llegar a unos 1,5 millones, según fuentes municipales.

Decisión difícil

El Ayuntamiento, que incumplió regla de gasto, déficit y su plan financiero, para poder agilizar las inversiones y no verse atrapado en el remanente, tendrá problemas para sacar adelante. Si paga a Jovellanos XXI con el remanente del año pasado, no podrá modificar el presupuesto para devolverlo al estrecho camino que marca el Ministerio de Hacienda; si decide pagarlo con cargo al crédito de 30 millones previsto, 18 en inversiones se perderán a las puertas de las elecciones y en el último presupuesto de esta Corporación.

El recurso, desde el principio, tenía muy pocas sino ninguna opción de prosperar, pero pone fin a una historia larga y en la que la Administración local, pese a no dar lo mejor de sí misma, podrá presumir de tener un Calatrava pagado por solo 18 millones de euros.

Una historia larga que empezó el 2 de enero del año 2000, cuando dos empresarios asturianos inscribieron una sociedad anónima y lo hicieron, en una decisión que ahora no parece casual, en el Registro Mercantil de Madrid. Nadie, salvo el ignoto funcionario, tomó nota de su existencia. Dos años después, el Ayuntamiento adjudicó a esta firma sin ninguna experiencia, Jovellanos XXI S. A., un contrato tan complejo y de nombre tan largo que acabó abreviado como de 'los palacios'.

El fin de la historia, con un solo palacio -el de Congresos- y un agujero en El Vasco, ha dejado en mal lugar a todos. Al Ayuntamiento que aceptó casi cualquier cosa que pidieron los empresarios y que ni exigió proyectos ni vigiló sobrecostes; al Principado, que autorizó grandes superficies y compró a precio de oro las oficinas de los laterales, y a los empresarios, con una sociedad en liquidación y una imagen deteriorada.

Desentrañar aquello le llevó meses al Juzgado de lo Contencioso 3 de Oviedo. Su titular, Miguel Ángel Carbajo, determinó que el valor del Palacio de Congresos es el que pone el acta de recepción de la obra y que eso no es discutible, 96 millones de euros. Tampoco es discutible que el Ayuntamiento entregó aprovechamientos a la empresa y «es evidente que su valoración debe formar parte de la liquidación».

Para hacer esta, el magistrado se basó en la gran modificación del contrato de 2005. Ese año, el Ayuntamiento y la empresa pactaron un cambio sustancial en el que se autorizaron grandes superficies comerciales o se entregaron en propiedad los aparcamientos del Calatrava y El Vasco a la empresa. La dificultad estribaba en que la administración no valoró entonces lo que entregaba. El juez concluyó que, dado que ambas partes asumían que se equilibraba el contrato, lo que aportó el municipio es «el valor del Palacio que se fijaba en el año 2005», 66,3 millones que hay que restar, porque ya están «pagados» de los 96 que pedía la empresa. De redondear la cuenta se encargaban los 5,2 millones en amortización desde 2011.

El TSJA, compartiendo lo sustancial del fallo, fue más allá y consideró que a los 25 millones de euros que debía pagar el Ayuntamiento, había que restar lo gastado en la visera, «una parte de la obra, carente de utilidad y que ha supuesto un sobrecoste de 6,9 millones de euros». Lo dejó en 18 millones y no se moverá ya. La empresa, además, está de fiesta. Ha logrado anular las hipotecas sobre algunos locales del edificio y sobre la concesión, reduciendo su pasivo en casi 70 millones. Los 18 que pagará el Ayuntamiento dan margen.

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