«No habrá recortes en el gasto» si la justicia tumba el IBI diferenciado, asegura Rosón

La exparticipante Luz Méndez, el edil Rubén Rosón y Elena Fernández, de Acción contra el Hambre, ayer, en el salón de La Lila. / A. O.

El edil de Economía niega ser culpable del error administrativo que pone en peligro el cobro de tres millones y señala a los técnicos

DANIEL LUMBRERAS OVIEDO.

Este año, el Ayuntamiento tenía un plan para incrementar sus ingresos y, a la vez, aliviar a las familias: establecer un tipo de IBI diferenciado, llamado 'de ricos', para las propiedades con un valor catastral superior al millón de euros. Pero hubo un fallo: alguien olvidó publicar la nueva ordenanza en uno de los diarios de mayor circulación, como exige la ley. En base a ello, parte de los 252 afectados pleitearon contra el Consistorio, alegando desconocimiento de la normativa.

Una decisión judicial desfavorable dejaría en el Ayuntamiento un agujero de tres millones, que es lo que pretendía recaudar con el IBI diferenciado. A pesar de este escenario, el concejal de Economía, Rubén Rosón, aseguró ayer que «no vamos a tener que hacer ningún recorte en el gasto. No va a afectar al presupuesto de 2017».

El edil, dentro de los límites de la «prudencia» que le recomendaron los técnicos municipales,precisó que no se van a dejar de ejecutar inversiones del remanente del 2016 (el presupuesto que 'sobró' del año pasado) en caso de un revés judicial «porque técnicamente sería ilegal». Tampoco se determinarán partidas que no se podrán usar del presupuesto de este año (lo que se denomina un acuerdo de no disponibilidad de gasto): «No me hace falta hacerlo, no afecta contablemente al presupuesto de 2017», puntualizó.

Quedaría, pues, como alternativa sacar esos tres millones del dinero que a final de año le sobre al Ayuntamiento en la caja, el remanente de tesorería, que en 2016 ascendió a 22,4 millones de euros.

En cualquier caso, según el titular de Economía, la cuestión aún no se despejará hasta bien entrado el otoño o incluso el invierno, dependiendo de los ritmos que marque la Justicia. «La primera demanda que llegó y la primera que se desarrolla de las doce fue la de Carrefour. Son grandes empresas y vamos a ver cómo se soluciona. Parece que va a ser en el último tercio del año», avanzó.

La responsabilidad del olvido

Después de varios días de silencio, Rosón también salió al paso de las críticas de la oposición, PP y Ciudadanos (partido este último que reclamó su dimisión) por este 'olvido millonario'. «Nadie en la ciudad se cree que el concejal tiene que publicar un anuncio en la prensa. Ningún concejal tiene que llevarlo, no es su responsabilidad», declaró el munícipe, dando a entender que es una labor de los técnicos.

También quiso despejar cualquier duda sobre que, en el seno del equipo de gobierno, se le acuse de ser el causante de la actual situación: «Nadie me lo dijo, y quien lo dice es por intereses políticos». La junta de gobierno ya ha aprobado, recordó el edil, «un expediente informativo, lo estamos abriendo». Fuentes de Somos precisaron que se trata de un proceso para «saber qué ha pasado. No va contra nadie, no es un expediente disciplinario». En estos momentos, precisaron las mismas fuentes, «estamos empezando a trabajar» para esclarecer qué falló, por qué no se publicó el anuncio en la prensa en dos meses, como desveló EL COMERCIO. Aún no hay nombrado un funcionario que se encargue de dicho expediente.

Por otro lado, Rosón recordó ayer que, en 2018, se reducirá el IBI a la mayoría de los ovetenses (no así a los grandes propietarios) para contrarrestar la subida de los valores catastrales «de un 10 % cada año aprobada por el PP de Cristóbal Montoro, que alguna culpa tiene. Se deja sin efecto».

También se revisarán «más en profundidad» los precios públicos de algunos servicios, como por ejemplo los del área de Educación, que se ocupa entre otros asuntos de la Universidad Popular o la Escuela de Música municipal. Lo que de momento quedará congelado son los impuestos (viñeta, actividades económicas) y las tasas (basuras, licencias...). Las ordenanzas fiscales de 2018, siguiendo el calendario, quedarían aprobadas inicialmente para septiembre.

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