El robo a los muertos de cuatro trabajadores del cementerio de Oviedo

Sustrajeron también piezas dentales de oro y lograron un botín de once mil euros tras su venta | Los empleados, con amplia trayectoria laboral en El Salvador, aprovechaban el traslado de los restos, tras ser exhumados, al osario

CECILIA PÉREZ

Cuatro trabajadores del cementerio municipal de El Salvador han sido detenidos por robar joyas y hasta fundas dentales de oro a cadáveres, que luego vendían en establecimientos de compra-venta de oro. Obtuvieron hasta once mil euros de beneficio. Es el resumen de una historia truculenta que ha pillado por «sorpresa» a la empresa funeraria concesionaria del cementerio, que ya ha tomado las primeras medidas: abrir un expediente informativo a estos cuatro empleados, que tras prestar declaración policial fueron puestos en libertad con cargos a la espera de juicio. Están acusados de un delito de apropiación indebida y profanación de cadáveres.

De origen extranjero, sudamericanos y búlgaro, lo más relevante es que contaban con una amplia y dilatada trayectoria laboral en el cementerio municipal. «El que menos llevaba trabajando lo hacía desde hace quince años», aseguraron a este periódico fuentes cercanas al caso.

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La investigación arrancó tras unas «informaciones» que alertaron a la Policía Nacional de que algo estaba pasando en el camposanto de ElSalvador. Ese algo se refería a que «algunos trabajadores» del cementerio podrían estar apropiándose «desde hace años» de efectos personales de fallecidos. Efectos que iban desde medallas, a alianzas, pulseras y, lo más llamativo, fundas dentales, casquillos de dentaduras y piezas bucales de oro.

Todo apunta a que la voz de alarma partió del propio cementerio, pero erró en un dato. A la Policía les llegó la información de que el robo de las joyas se hacía antes de dar sepultura a los cuerpos, sin embargo, la investigación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de la Jefatura Superior de Policía de Asturias concluyó que la sustracción se realizaba en el momento del traslado de los cadáveres al osario del cementerio, es decir, tras su exhumación.

Los cuatro empleados vendieron las joyas y piezas dentales sustraídas en establecimientos de compra-venta de oro, por las que llegaron a obtener hasta once mil euros de beneficio, según los cálculos policiales.

El propio gerente de la funeraria, según detallaron fuentes policiales en una nota de prensa, explicó que cuando se producen las exhumaciones de los cadáveres en «un 90 por ciento» de los casos acuden los familiares del difunto y se les entregan los efectos personales. Todo queda registrado en un «recibí». Sin embargo, hay casos, ese 10% restante, en los que los parientes no acuden y son los propios oficiales del cementerio los que depositan los efectos a la funeraria que después entrega a los familiares.

«No sabíamos nada»

A la empresa concesionaria del cementerio de El Salvador la noticia le cayó como un jarro de agua fría. Según ha podido saber este periódico, tuvo conocimiento de estos hechos este mismo martes. Ayer mismo, en una reunión del consejo de administración convocada de urgencia, tras hacerse pública la noticia, la empresa decidió abrir un expediente informativo a los cuatro empleados. «Los hemos apartado de sus puestos de trabajo», aseguró una voz de la empresa que prefirió mantenerse en el anonimato. «En el momento que conozcamos todos los hechos que se les imputan y obtengamos toda la información, la idea pasaría por despedirlos, pero no antes de tener todos los datos porque tienen derecho a la presunción de inocencia, no podemos perder el sentido y despedirlos porque sí», aseguró esa misma fuente.

Desde Funerarias Reunidas quisieron dejar claro que los cuatro empleados acusados de un delito de apropiación indebida y profanación de cadáveres son «empleados del cementerio y no de la funeraria», «actividades totalmente diferentes», precisaron, a la par que lamentaron unos hechos que consideran «graves» y de los que no «sabíamos nada».

Por otra parte, también reconocieron estar «desbordados» por lo sucedido. Han puesto todo el asunto en manos de sus servicios jurídicos y, llegado el caso, «nos presentaremos como acusación particular».

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia se ha hecho cargo de este procedimiento judicial.

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