Rosón exige una reforma de la financiación municipal y el fin de la Ley de Estabilidad

Rosón, con representantes de otros 'ayuntamientos del cambio' y diputados de Unidos Podemos, entre ellos Alberto Garzón. / E. C.
Rosón, con representantes de otros 'ayuntamientos del cambio' y diputados de Unidos Podemos, entre ellos Alberto Garzón. / E. C.

Participa en el Congreso en un encuentro de 'ayuntamientos del cambio' para pedir una agenda «municipalista» al nuevo Gobierno

G. D. -R. OVIEDO.

El concejal de Economía, Rubén Rosón, participó ayer en el Congreso de los Diputados en un encuentro de los 'ayuntamientos del cambio', en el que ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Oviedo acordaron trasladar al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez una agenda de reivindicaciones «municipalistas para sus primeras semanas» de gobierno. Municipalistas y con mensaje político, en la pugna de Podemos y sus candidaturas locales por estrechar el margen de Sánchez desde sus centros de poder.

En unas declaraciones, Rosón resumió esta agenda en tres medidas fundamentales, a su juicio. La primera, la derogación de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, «tal y como ya votó el Congreso», recordó el edil, y con ello retirar el conjunto de controles y medidas que limitan el gasto de los ayuntamientos y cercena «la autonomía municipal». La segunda, «permitir a los ayuntamientos saneados», que puedan destinar «sus recursos a sus ciudadanos» o lo que es lo mismo terminar con las restricciones al empleo del remanente de tesorería para gastos generales.

En el mismo marco, Rosón reivindicó un nuevo modelo de financiación local, «porque, en estos diez años de mal llamada crisis, los ayuntamientos somos los que hemos estado asumiendo competencias que nos demandaba la ciudadanía, pero que no han venido acompañadas de la necesaria financiación», entre otras el creciente gasto municipal de Oviedo y otros municipios en obras en los colegios, servicios sociales -una competencia delegada-, inmigración o medio ambiente. Todas materias de las que deberían hacerse resposables las autonomías, pero que han ido dejando de lado ante la incapacidad de ajustar su gasto pese a la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómica.

Rosón señaló como principal urgencia resolver la situación «de la plusvalía», cuya «ineficacia ya ha sido señalada por los tribunales». Ineficacia y algo más después de la sentencia del Tribunal Constitucional que situó fuera de la legalidad los principios según los que se calculaba el impuesto, una creciente fuente de ingresos para los ayuntamientos tras las sucesivas revisiones catastrales de los años de la crisis. La sentencia no mató el gravámen, sino que ha generado un montón de supuestos y situaciones distintas y dificultades para su recaudación. El Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo, está acudiendo a periciales propias para demostrar la existencia de incremento del valor de los terrenos, el hecho imponible. Gana muchos pleitos, pero también pierde otros. El año pasado recaudó 5,3 millones de los trece previstos.

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