Una sentencia obliga al Ayuntamiento a otorgar licencia a todos los pisos turísticos

El Plan General de Ordenación del municipio solo permite abrir nuevos alojamientos turísticos si están situados en un bajo o en un primero, nunca en un piso en altura. Ahora, una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Oviedo, obliga al Ayuntamiento a conceder una licencia definitiva en un quinto piso de la capital echando por tierra las limitaciones impuestas por el Plan General de Ordenación. «El Ayuntamiento lo incluía como uso hotelero cuando la propia norma lo excluye por lo que su argumento no encaja», explica Manuel Herminio García, abogado que ha llevado el caso junto con Eduardo García Palicio. «El juez defiende que no existe identidad en las prestaciones de uso hotelero porque la única obligación de un piso turístico es la cesión de la vivienda para su uso privado mientras que el uso hotelero implica otras prestaciones y servicios propios de los hoteles». Esto es, la limpieza de habitaciones, por ejemplo. Además, la normativa del Principado, en cuanto a la regulación de alquileres de viviendas turísticas, no discrimina por razones de altura mientras que el Ayuntamiento sí. «No se puede limitar a un espacio concreto porque no se está haciendo uso hotelero», enfatiza Manuel Herminio García.

La sentencia no es firme y el Ayuntamiento ya ha anunciado que la va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Algo que el letrado ha calificado de «barbaridad» porque aunque el fallo se pueda recurrir «ya marca un camino», defiende el abogado. En este sentido y a raíz de esta sentencia, los expedientes sancionadores que podría abrir el Principado de Asturias tendrían que «esperar a ver cómo se resuelve el proceso o poner las medidas para resolverlo él mismo», defendió García.

Los fundamentos jurídicos de este fallo son «extrapolables a la normativa de cualquier municipio a nivel estatal que no tenga una regulación específica para aquellas viviendas cuyo alquiler se comercialice o promocione en canales de oferta turística», argumentan, más cuando «cada organismo trata de imponer su propia competencia a riesgo de infringir la normativa comunitaria», explican desde el despacho.