«Solo había un Steven Owusu en la empresa Cubo Express»

Muestra de apoyo a los trabajadores antes del juicio.
Muestra de apoyo a los trabajadores antes del juicio. / LORENZANA

Los acusados tras la muerte de un senegalés que ponía cubos de reciclaje dicen que eran los trabajadores quienes falseaban sus identidades

J. C. A. OVIEDO.

Si la empresa Soluciones higiénicas S. L. -de nombre comercial Cubo Express- facilitó identidades falsas a los trabajadores en situación irregular en España al tiempo que los contrataba o, si estos, por el contrario, «engañaban» a los responsables de la sociedad con filiaciones inventadas, como sostienen F. J. G. A., A. F. M., S. O. y sus defensas, es lo que se trató de dilucidar en la primera sesión de la vista oral de este juicio contra el derecho de los trabajadores que arrancó ayer en Oviedo.

Los hechos que se juzgan en el Penal Número 2 se remontan a 2007. El 25 de agosto de aquel año, durante la jornada laboral, Steven Owusu, cayó del camión del reparto de cubos y quedó gravemente herido. Falleció con este nombre tras 15 meses en coma pero, cuando la funeraria quiso dar traslado al cuerpo hasta su Senegal natal, se supo con que no coincidía con el verdadero, Mandaw Diagne. La Policía, ya en 2009, realizó dos investigaciones. Una desde Extranjería y otra desde Inspección del Trabajo. Los tres encausados fueron detenidos así como ocho repartidores en situación irregular. Los nombres reales de los trabajadores no coincidían o incluso se repetían.

Durante su declaración, el segundo de los procesados, afirmó que en Cubo Express «solo había un Steven Owusu». El finado. Lo cierto es que no se llamaba así y que, al parecer, otro trabajador utilizaba esta filiación. El dueño de la empresa se desentedió de la responsabilidad de contatar a los trabajadores.

Aparte de estas prácticas denunciadas, durante el juicio, que continuará con nuevas sesiones, se dilucidará si las condiones de los trabajadores subsaharianos eran onerosas en cuanto al trato y el salario. La Fiscalía cree poder probar que hubo delito contra los derechos de los trabajadores y otro de falsedad en documento público. Solicita para cada acusado tres años de cárcel además de una indemnización de 6.101 euros a los perjudicados.

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