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Asamblea en 2014 tras conocer la orden de desalojo de La Madreña, con el diputado de Podemos a la cabeza. MARIO ROJAS
Suspendido el juicio por ocupación de La Madreña, al ser competencia del TSJA

Suspendido el juicio por ocupación de La Madreña, al ser competencia del TSJA

El motivo es que uno de los diez acusados es Andrés Fernández Vilanova, diputado de Podemos en la Junta General

efe

Oviedo

Viernes, 22 de septiembre 2017, 11:26

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El juicio previsto para el próximo lunes por la ocupación del espacio social de La Madreña, en el edificio ubicado en el número 32 de la calle General Elorza de Oviedo, ha sido suspendido al ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por ser uno de los diez acusados diputado regional. El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo dictó el mes pasado un auto en el que establecía la falta de competencia de dicho organismo para conocer la causa, ya que uno de los acusados, Andrés Fernández Vilanova (Podemos), es parlamentario en la Junta General.

Según ha informado la Fiscalía, la competencia recae ahora sobre la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), donde se celebrará la vista oral en la fecha que señale a tal efecto. La Fiscalía solicita la imposición de una multa de 1.440 euros para cada uno de los diez integrantes del movimiento La Madreña, entre los que también se encuentra el concejal de Economía de Oviedo, Rubén Rosón (Somos), que están acusados de un delito de usurpación.

En su escrito, el fiscal relata que los acusados ocuparon el edificio deshabitado el 15 de noviembre de 2011 sin contar con autorización del propietarios, la empresa pública Sedes, y con el «ánimo de utilizarlo de forma permanente para fines personales». Tras ocupar el edificio, los acusados colocaron carteles en las ventanas y vallas de la finca con las leyendas «okupación temporal», «espacio libre 15 M», «un desahucio una okupación», «garra lo que ye tuyo» y otras similares.

El fiscal añade que el colectivo de personas, del que formaban parte activa los diez acusados, «sin solicitar ni obtener ningún permiso del titular del edificio, comenzó a realizar en él, de forma permanente y continuada, reuniones, charlas y otras actividades a las que acudieron personas diversas», hasta que el inmueble fue desalojado por la Policía Nacional el 3 de junio de 2014.

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