Casi un tercio de la plantilla municipal accedió por la vía judicial, hasta los 328 trabajadores

Las educadoras de las escuelas infantiles también forman parte de la plantilla municipal. / MARIO ROJAS
Las educadoras de las escuelas infantiles también forman parte de la plantilla municipal. / MARIO ROJAS

La integración de los 78 empleados de colaboración social supone un nuevo descalabro, y hay más pleitos pendientes

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

El personal de tal o cual dependencia «presta un servicio básico y esencial de la entidad local», para el Ayuntamiento de Oviedo, «para la comunidad». La frase u otras parecidas las han leído los letrados consistoriales en cerca de 250 sentencias. Ahora, gracias al fallo del TSJA, se ahorrarán tener que leerla en otras 78 más, las del personal de colaboración social que, según el alto tribunal asturiano, presta sus servicios en fraude de ley para el Ayuntamiento y debe ser considerado personal laboral de plantilla. Cuando se les reconozca a estos últimos, habrá un total de 328 trabajadores en la administración local que entraron a través de una sentencia judicial.

La cifra no ha parado de crecer en los últimos años. Ha pasado de los 150 indefinidos no fijos de plantilla, su nombre correcto, que había cuando el actual equipo de gobierno entró en el Ayuntamiento, a aproximarse en los próximos meses a los 330. Y tiene pinta que los números seguirán creciendo.

El Ayuntamiento está pendiente de si tendrá que subrogarse a los mozos de cuadra y resto del personal de El Asturcón, de la integración de los trabajadores de la SOF y, ahora también, de la de los empleados que, contratados por la Asociación de Amigos de Internet, han mantenido en funcionamiento el cibercentro de la Lila durante la última década.

Son casos distintos, pero para los que es previsible idéntico resultado. De un lado en El Asturcón o La Lila lo que se dirime es si se ha producido una cesión ilegal de trabajadores. La vía por la que han entrado al Ayuntamiento personal en Cultura, Servicios Sociales, Bibliotecas o Bomberos. La doctrina judicial razona que las administraciones no pueden emplear a empresas para que les «proporcionen mano de obra barata» con la que atender sus propias obligaciones. Citando el fallo que convirtió en personal de plantilla a las telefonistas de Bomberos, la contratista no ponía «ni siquiera el papel». Una contrata para la que la jueza no encontraba justificación, pues «toda la infraestructura del servicio la aportaba» la administración y en la que los trabajadores hicieron tareas al margen del contrato por indicación de mandos municipales.

Para las seis telefonistas, la victoria fue importante. Dejaron el convenio de los 'call-centers' y los sueldos apenas mileuristas en bruto, para saltar al del Ayuntamiento y mejorar sus ingresos en casi 10.000 euros anuales.

Privatizaciones y lodos

El de las operadoras telefónicas de Bomberos es un caso de libro de la consecuencia de la política de privatizaciones del equipo de gobierno y del descontrol del funcionariado municipal sobre las mismas. Algunos trabajadores de empresas como Azvase o Algama acababan dentro del listado de extensiones del Ayuntamiento, trabajando bajo las órdenes de funcionarios municipales.

Muchos de ellos demandaron y ganaron su derecho a integrarse en la plantilla municipal. El largo historial de sentencias por cesión ilegal de trabajadores contra el Ayuntamiento desembocó en protestas de Abogacía Consistorial por encontrarse con que algunos responsables políticos y funcionarios se prestaban a declarar en favor de los denunciantes en los juicios y en contra de los intereses municipales. Abogacía acabó por dictar unas instrucciones a todos los servicios para evitar nuevas irregularidades, aunque su éxito ha sido dudoso.

Entrar desde dentro

El caso de la SOF o, ahora, el del personal de colaboración social es distinto. En el primer caso, por la extraña naturaleza jurídica de la sociedad de festejos, en teoría privada, pero con unos estatutos que reconocen al alcalde como su presidente. Es un matiz, pero en lo sustancial estamos ante lo mismo: un más que posible caso de cesión ilegal de trabajadores. Más próximo al caso de colaboración social es el de las educadoras de las escuelas infantiles. En teoría es personal del Principado, pero que ha acabado en la plantilla municipal por sentencia y con nuevo cabreo de Abogacía Consistorial, porque pese al aluvión de fallos, Personal seguía contratando para cubrir bajas con la misma fórmula ilegal.

La nómina de los últimos años es larga: 29 de La Auxiliar de Recaudación y 43 de colaboración social han entrado en plantilla solo desde enero de 2017.

Ayer el Grupo Municipal de Ciudadanos lamentó, en un comunicado, que «el tripartito haya optado por continuar con la negligente política de personal heredada del anterior gobierno del PP, y que esa errática decisión le vaya a costar ahora al Ayuntamiento casi cuatro millones de euros», los que se estima costará la asimilación del personal de colaboración social, todo, por mantener «una política de contratación fraudulenta».

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