El TSJA confirma a los 78 trabajadores de colaboración social como personal laboral de Oviedo

En la imagen, la Casa Consistorial, cuyas arcas deberá afrontar un nuevo desembolso, de unos 3 millones, para arreglar la situación de los trabajadores de colaboración social
En la imagen, la Casa Consistorial, cuyas arcas deberá afrontar un nuevo desembolso, de unos 3 millones, para arreglar la situación de los trabajadores de colaboración social . / M. R.

El Ayuntamiento deberá hacer frente a indemnizaciones millonarias y busca una fórmula para no amortizar las plazas

Gonzalo Díaz-Rubín
GONZALO DÍAZ-RUBÍNOviedo

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rechazado el recurso de súplica municipal y confirmado el derecho de los trabajadores de colaboración social a ser reconocidos como personal laboral no fijo de plantilla, a que se le abonen las correspondientes diferencias salariales y se pongan al día sus cotizaciones sociales. Dicho así puede parecer poco, pero con números asusta. «Una millonada, otra», resumió ayer un concejal del equipo de gobierno.

El fallo pone fin a la serie de reclamaciones que los trabajadores contratados a través de la fórmula de colaboración social habían ido planteando ante los tribunales de lo Social, desde que el Supremo cambiase de criterio sobre las condiciones laborales de este colectivo en 2014. Uno a uno habían ido ganando, en un goteo costoso, pero silencioso. De los 136 trabajadores bajo esta figura que había a finales de 2015, sentencia a sentencia, la cifra ha caído hasta los 78 actuales. Ya no tendrán que ir a juicio y bastará con que presenten la reclamación a través del registro.

La situación de estos trabajadores es otro asunto heredado de los 24 años de gestión del PP en el Ayuntamiento de Oviedo. El Consistorio llegó a contar con casi 280 trabajadores de colaboración social, una fórmula creada en los 80 por la cual las administraciones podían llamar para trabajar a desempleados mayores de 52 años a cambio de completarles las retribuciones hasta su última base de cotización en 2014, el Tribunal Supremo cambió de criterio y estableció que esta fórmula solo podía emplearse para contrataciones temporales. El PP, entonces en el gobierno, reaccionó no cubriendo las plazas de los que se jubilaban y contrató un servicio externo de ordenanzas, ya que la mayor parte de centros sociales, de estudio y muchos equipamientos se cubrían y cubren con personal de colaboración social.

El nuevo equipo de gobierno se encontró con el cambio de criterio del Tribunal Supremo y con aún 135 de estos empleados en el Ayuntamiento y optó por tirar para adelante. Un informe de la entonces directora de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, declaró estructurales sus puestos de trabajo porque «la no prórroga de sus contratos supondría» la «paralización del funcionamiento de los servicios municipales»; el ejecutivo local los prorrogó en bloque por acuerdo de la junta de gobierno. La directora general concluía «que el interés público o el general prima, en el supuesto que nos ocupa, sobre la ilegalidad en que se pueda incurrir», poniendo el interés del Ayuntamiento por encima de la ley.

Demandas y millones

Tras la prórroga general de los contratos, muchos de los 135 trabajadores, alrededor de medio centenar, demandaron al Ayuntamiento a lo largo de los meses siguientes. Ganaron todos menos uno, cuyo fallo sirvió al Ayuntamiento para recurrir en súplica al TSJA y ver confirmado el peor de los escenarios. En términos económicos, la resolución judicial supondrá que el Ayuntamiento tendrá que pagar la diferencia entre lo que cobran estos trabajadores y el sueldo anual del personal de plantilla con idénticas funciones. La cifra es muy difícil de cuantificar. Hay ordenanzas de colaboración social que cobran 5.360 euros al año y otros que perciben del Ayuntamiento más de 22.575. En una estimación prudente, las arcas municipales deberían de abonar unos tres cuartos de millón de euros en diferencias salariales.

Además, estos trabajadores se incorporarán a la larga lista de personal laboral no fijo que ha entrado en plantilla por sentencia en los últimos años y comenzarán a cobrar según el convenio del Ayuntamiento. Mucho dinero, pero que queda en poco si se compara con la obligación de completar las cotizaciones a la Seguridad Social. La sentencia obliga a pagar un año de diferencias salariales, pero ponerse al día con las cotizaciones requiere que se abonen las de los cinco años anteriores. Para los 78 trabajadores, fuentes sindicales estiman que tocarán a unos 40.000 euros por trabajador, algo más de 3,1 millones de euros en total.

Hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, este colectivo ni siquiera tenía consideración de trabajadores: eran parados con prestación o subsidio a los que el Ayuntamiento colocaba a cambio de completar sus ingresos hasta su última base de cotización en activo. No tenían legalmente derecho a vacaciones o bajas por enfermedad, otra cosa es que el Ayuntamiento hiciese la vista gorda. En algunos casos, han encadenado contratos durante 17 años, ocupando puestos de ordenanzas, asistentes sociales, peones, auxiliares administrativos, auxiliares de biblioteca, jardineros, informáticos, licenciados en Derecho o de arquitecto técnico. La actual relación de puestos de trabajo reconoce como estructurales todas sus plazas, salvo las de ordenanza, aunque varios de estos ya han ganado también su reconocimiento como tales en los tribunales e incorporado a la plantilla.

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