El TSJA declara prescritos los posibles delitos por la okupación de La Madreña

El TSJA declara prescritos los posibles delitos por la okupación de La Madreña
Los encausados de La Madreña a la entrada del juicio. / A. PIÑA

Los acusados, satisfechos con el fallo, piden que se siente en el banquillo a los responsables de la operación de 'los palacios'

G. D. -R. / J. C. A. OVIEDO.

El Tribunal Suuperior de Justicia de Asturias declaró ayer prescritos los posibles delitos de usurpación que la Fiscalía pedía para los diez acusados por okupar La Madreña. En el fallo, del que es ponente Ángel Aznárez, señala que al tratarse, tras la reforma del Código Penal, de un delito leve el plazo de prescripción es de un año desde el día en que se cometió la presunta infracción. Un lapso ampliamente rebasado si se toma en cuenta desde el momento en el que se cometieron los hechos hasta la primera imputación, pero también desde la resolución de la Audiencia Provincial que mandó el procedimiento al TSJA al hallarse entre los imputados un diputado de la Junta General.

A pesar de ello, durante la vista la Fiscalía cargó las tintas y elevó las peticiones de multa para los tres imputados con responsabilidades políticas o sindicales: el concejal de Economía, Rubén Rosón; el diputado, Andrés Fernández Villanova; y el sindicalista, Iván Martínez. El fiscal Miguel Rodríguez defendió que desde el 15 de noviembre de 2011 hasta el desalojo en junio de 2014, los diez encausados okuparon «para fines personales el edificio deshabitado» y que existía una organización establecida y jerarquías: «El 15-M es vertical como absolutamente todo». No reparó, en cambio, en el calendario de prescripción.

El colectivo de imputados de La Madreña mostró ayer su satisfacción por la prescripción del delito del que se les acusaba, al entender que pone «de relieve» que el juicio «fue un capricho de quienes desde el poder deseaban organizar un gran juicio político a La Madreña, un centro social que supo ganarse el cariño y el respeto de la opinión pública».

En un comunicado, el colectivo pide nuevamente que se investigue a los responsables políticos y empresariales de la operación de 'los palacios', «pues son ellos los que deberían sentarse en el banquillo de los acusados por la privatización de la Consejería de Salud de General Elorza para beneficiar a la empresa constructora del Calatrava». La okupación del edificio tuvo como origen denunciar la complicidad del Gobierno del Principado en la operación de 'los palacios', con la compra a través de la sociedad semipública Sedes de las oficinas del complejo de Buenavista que acabaron por arruinar a la empresa. Sedes pagó 58,1 millones de euros por las oficinas en 2007 y a cambio recibió solares, entre ellos el de La Madreña, que acabaron en manos de Liberbank que financió la operación. Los hechos fueron denunciados por el comité de empresa de Sedes, con los trabajadores agobiados entre regulaciones de empleo, y aunque la Policía apreció conductas extrañas y llamativas acabó archivado por la justicia.

Los acusados por la okupación agradecieron el apoyo «de la sociedad asturiana» y el trabajo de sus abogadas y anunciaron que donarán lo recaudado con «su caja de resistencia a movimientos sociales asturianos, y especialmente a otros colectivos amenazados por el recorte de las libertades ciudadanas que se está viviendo con la Ley Mordaza».

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